En un contundente golpe a la impunidad y como parte de los procesos de fiscalización a las administraciones pasadas, la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas anunció la inhabilitación de 134 servidores públicos tras detectar diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con los reportes oficiales del órgano de control, la gran mayoría de las sanciones recae sobre exfuncionarios de la administración estatal anterior. Prácticamente el 90% de los servidores públicos castigados formaron parte del gobierno encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Las sanciones administrativas —que impiden a los implicados ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público por tiempos determinados— derivan de auditorías y revisiones detalladas en las que se acreditaron conductas desapegadas a la normatividad, omisiones graves y faltas en la rendición de cuentas.
Fuentes estatales confirmaron que estas inhabilitaciones forman parte de un paquete de expedientes que la actual Contraloría ha integrado para subsanar el patrimonio estatal y sancionar la opacidad. Asimismo, se indicó que algunos de estos casos ya han sido turnados ante las fiscalías correspondientes en los casos donde se presume la existencia de delitos o un daño patrimonial directo al erario.
Con esta acción, las autoridades estatales buscan enviar un mensaje claro sobre la política de cero tolerancia a la corrupción y el avance en la limpieza de la estructura gubernamental en Tamaulipas.
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