Mientras buena parte del mundo apenas comienza a preguntarse qué hacer con la inteligencia artificial, algunos gobiernos ya entendieron que el problema dejó de ser tecnológico para convertirse en político, jurídico y hasta cultural. Esta semana, las potencias agrupadas en el G7 volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos internacionales de regulación para evitar que los algoritmos se conviertan en herramientas de manipulación, desinformación, fraude o concentración excesiva de poder.
Europa ya cuenta con una legislación específica; otros países discuten restricciones al uso de celulares en escuelas y medidas para transparentar el funcionamiento de plataformas digitales. En este escenario, la pregunta ya no es si debe regularse la inteligencia artificial, sino quién lo hará primero y bajo qué reglas.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió entrar de lleno a la conversación. Cuestionada sobre la polémica legislación aprobada en San Luis Potosí, rechazó que se trate de un intento de censura, pero sostuvo que la regulación es indispensable y que el país debe abrir un debate nacional sobre inteligencia artificial, algoritmos, plataformas digitales y el impacto que las pantallas tienen en la salud física y emocional de niños y adolescentes.
El mensaje es relevante porque, sin avalar expresamente la norma potosina, sí desmonta uno de los principales argumentos de sus detractores; la idea de que cualquier intento de regular la inteligencia artificial es, por definición, un atentado contra la libertad de expresión.
Y es aquí donde la historia adquiere un matiz particularmente interesante. Durante años se ha repetido hasta el cansancio que San Luis Potosí es un laboratorio político. Un lugar donde se ensayan alianzas, estrategias electorales, programas sociales, reformas legales y modelos de gobierno que después podrían replicarse en otras entidades. Quizá sea una exageración, quizá no, pero resulta inevitable preguntarse si la llamada Ley Serrano fue realmente una ocurrencia aislada de un Congreso local o si, por el contrario, formó parte de un ejercicio mucho más amplio para medir reacciones, identificar resistencias, probar alcances jurídicos y evaluar costos políticos de una regulación que tarde o temprano terminará discutiéndose en todo el país. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
La iniciativa apareció cuando el tema apenas comenzaba a discutirse en organismos internacionales, provocó una intensa polémica, movilizó a periodistas, organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, generó investigaciones puntuales y puso sobre la mesa un debate que hoy ya alcanzó a la propia Presidencia de la República.
En términos estrictamente experimentales, el ejercicio ha sido exitoso; se identificaron vacíos legales, se probaron narrativas, se midieron niveles de aceptación social y se obtuvieron insumos suficientes para perfeccionar cualquier futura legislación nacional. Qué locura.
En ese contexto, la figura del diputado Héctor Serrano adquiere una dimensión distinta. Durante años se le ha presentado como un personaje que causa urticaria en ciertos sectores del morenismo, un operador proveniente de otras corrientes políticas y alguien que difícilmente encajaría en el círculo de confianza de Claudia Sheinbaum, sin embargo, la política suele tener menos espacio para los afectos que para la utilidad. Y si algo ha demostrado Serrano es disciplina, capacidad de ejecución y disposición para asumir costos en temas complejos ¿Y si lejos de estar marginado estuviera cumpliendo exactamente la tarea que se le encomendó? ¿Y si su papel no fuera el de un legislador díscolo, sino el de un cuadro dispuesto a empujar asuntos que el movimiento considera necesarios, aunque inicialmente resulten impopulares? Piensa mal y acertarás.
Por supuesto, también cabe la posibilidad de que todo sea una enorme coincidencia. Que Serrano haya actuado por cuenta propia, que el gobierno federal jamás haya tenido interés alguno en el tema y que las recientes declaraciones presidenciales sean únicamente el reflejo de una discusión global que inevitablemente alcanzó a México, pero las coincidencias en política suelen tener la mala costumbre de acumularse hasta parecer otra cosa. Yo mismo he repetido esa frase que me inculcaron desde que era apenas un pequeño gatito: en política no hay casualidades.
Mientras otros congresos estatales han preferido ignorar el asunto, San Luis Potosí decidió legislar. Tal vez lo hizo de manera imperfecta. Quizá incurrió en excesos. Es posible incluso que algunos artículos deban modificarse o derogarse para garantizar plenamente la libertad de expresión, pero lo cierto es que colocó sobre la mesa un debate que ya nadie podrá guardar en un cajón.
Hoy, el G7 habla de regular la inteligencia artificial, la presidenta de México afirma que esa regulación es inevitable y el país comienza a discutir los efectos de algoritmos diseñados para capturar atención, moldear emociones y fabricar realidades paralelas.
Puede que en unos meses el Congreso de la Unión presente una iniciativa nacional en la materia. Puede que se convoquen foros especializados, participen universidades, empresas tecnológicas y organismos de derechos humanos, y termine construyéndose una legislación mucho más sofisticada que la potosina. Si eso ocurre, quizá valga la pena recordar que, para bien o para mal, el primer disparo se escuchó en San Luis Potosí. Y entonces habrá quienes descubran, con gusto o con enojo, que el laboratorio volvió a funcionar.
Cavilaciones:
Primera. En Villa de Reyes, sube la tensión por segundo, ello, como resultado del desorden que hay en el Ayuntamiento encabezado por Ismael Hernández. La inseguridad va en aumento y ante la anticipada efervescencia política, no hay quien ponga orden. Amigos de este felino aseguran que, a Alfredo Téllez, dueño del poder en ese municipio, ya se le acabaron las fuerzas y lo que menos quiere es involucrarse en otro proceso electoral. Nunca se recuperó el hombre de la pérdida de Erika Briones. En tanto se devoran unos a otros en la presidencia, Morena acecha el poder político y económico, que es bastante en esa demarcación.
Segunda: El próximo fin de semana, en Xilitla (convertido en un auténtico muladar) se efectuará un evento de 48 horas de huapango para romper un récord Guines, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, deberá tener mucho cuidado con lo que le dé de comer el alcalde Óscar Márquez, capaz que le ofrece carnita previamente masticada por perritos callejeros. Los xilitlenses no ven la hora de que termine el mandato de este chapulín de la política.
Tercera: La secretaria de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado, la muy aplicada María del Rosario Martínez Galarza, estuvo a punto de provocar una tragedia la semana pasada en Ciudad Valles. Resulta que mandó jóvenes en brigadas para repartir despensas casa por casa sin considerar las altas temperaturas y las rutas de riesgo. Según reportes oficiales, al menos cuatro sufrieron golpes de calor y otros tantos reportaron síntomas de insolación, pero, si usted cree que eso es lo grave, este filósofo le pide que contenga la respiración porque ¡SE LLEVÓ JÓVENES DE ANEXOS! La historia completa se la contarán mis amigotes de Código San Luis.
