El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones severas contra dos ciudadanos mexicanos y una red de nueve empresas. Las autoridades estadounidenses los acusan de operar un esquema multimillonario de contrabando y robo de combustible en beneficio directo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De manera coordinada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México incorporó de inmediato a los señalados a su lista de personas bloqueadas, congelando sus cuentas bancarias en territorio nacional.
El modus operandi: Más allá del narcotráfico
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Tesoro estadounidense y la red de control de delitos financieros (FinCEN), la organización criminal diversificó sus ingresos mediante el llamado «huachicol fiscal».
El esquema consistía en adquirir gasolina y diésel en Estados Unidos (principalmente desde Texas) para luego introducirlo ilegalmente a México. Para evadir impuestos, la red utilizaba empresas fachada y falsificaba documentación aduanera, declarando el combustible bajo categorías falsas como «aceite residual» o lubricantes. Las pérdidas para el fisco mexicano por este tipo de fraude se estiman en decenas de millones de dólares anuales, recursos que terminaban financiando las actividades del cártel.
«La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles mexicanos se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales», declaró el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
El informe del Tesoro estadounidense arrojó una advertencia alarmante: gran parte de las ganancias obtenidas en el mercado negro de combustibles no solo fortalecen el arsenal del CJNG, sino que también son utilizadas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México, con el objetivo de blindar sus operaciones y colocar a funcionarios afines en puestos estratégicos.
Con este operativo binacional, en el que participaron agencias como el FBI, la DEA y Homeland Security, el gobierno estadounidense reafirma su política de asfixiar los recursos económicos del cártel, al cual mantiene catalogado bajo la designación de organización terrorista extranjera.
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