En política, pocas cosas resultan tan reveladoras como los conflictos que comienzan hablando de un tema y terminan exhibiendo otro completamente distinto. Una discusión sobre espacios públicos deriva en acusaciones políticas, un debate sobre redes sociales desemboca en señalamientos entre grupos de poder, una diferencia administrativa termina alimentando especulaciones electorales. Eso es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en San Luis Potosí durante los últimos meses.
Las recientes declaraciones de Héctor Serrano, quien atribuye al alcalde Enrique Galindo la responsabilidad intelectual de una presunta estrategia de guerra sucia en redes sociales, son apenas el episodio más reciente de una relación política que desde hace tiempo dejó de transitar por la cordialidad institucional. Más allá de quién tenga razón o de quién posea más elementos para sostener sus dichos, lo verdaderamente relevante es que estas acusaciones no surgieron en el vacío. Son consecuencia de una serie de desencuentros acumulados durante los últimos años entre el gobierno estatal y el gobierno de la capital.
La confrontación ha encontrado distintos escenarios para manifestarse. Algunas veces ha sido en torno a obras públicas y, otras, alrededor de temas de seguridad, servicios o coordinación institucional. En ocasiones ha tomado la forma de declaraciones públicas, respuestas mediáticas o posicionamientos políticos. Y cuando parecía que ya no quedaban espacios para trasladar las diferencias, incluso la Plaza de Fundadores terminó convertida en motivo de disputa.
El debate sobre ese emblemático espacio público ilustra con claridad el momento que vive la política potosina. Oficialmente, la discusión giró en torno a consideraciones técnicas, dictámenes de protección civil y condiciones estructurales, sin embargo, para buena parte de la opinión pública, el fondo parecía ubicarse en otro terreno; el de la narrativa política. Después de todo, pocas cosas tienen tanta carga simbólica como el control, la utilización o la presencia en uno de los espacios más representativos de la capital.
Lo mismo sucede con la disputa digital. Las denuncias sobre páginas, perfiles, cuentas anónimas y campañas de desprestigio se han convertido en una constante dentro de la vida pública nacional y San Luis Potosí no es la excepción. La diferencia es que aquí el tema ha escalado hasta convertirse en parte central de la conversación política. Cada bando asegura ser víctima de ataques sistemáticos y cada parte encuentra evidencias para respaldar su percepción. El resultado es una discusión donde las acusaciones avanzan más rápido que las certezas y donde la ciudadanía observa una batalla cuyos efectos terminan contaminando el debate público.
En medio de este escenario, quizá el dato más significativo sea que ninguno de los protagonistas se encuentra todavía en campaña. Al menos formalmente, pero las posiciones, los mensajes, los señalamientos y la intensidad de la disputa parecen corresponder a una etapa mucho más cercana a una contienda electoral que a un periodo ordinario de gobierno. Es una de esas curiosidades que ofrece la política mexicana; todos aseguran estar concentrados en gobernar mientras dedican buena parte de su tiempo a responder lo que dicen sus futuros adversarios.
El problema es que las confrontaciones prolongadas suelen tener costos que rara vez aparecen en los discursos. Cuando la atención pública se concentra de manera permanente en los conflictos políticos, los asuntos de fondo pierden espacio. La discusión sobre infraestructura, movilidad, seguridad, desarrollo económico o servicios públicos termina desplazada por la polémica más reciente y, aunque el intercambio de ideas es parte natural de cualquier democracia, la diferencia entre debatir y confrontar radica en que el primero genera soluciones y el segundo suele generar únicamente nuevos capítulos de una guerra anticipada.
San Luis Potosí necesita competencia política, contraste de proyectos y pluralidad de voces. Eso fortalece a cualquier sociedad democrática. Lo que no necesita es que las diferencias entre actores públicos se conviertan en un estado permanente de tensión. La ciudadanía difícilmente obtiene beneficios cuando la agenda institucional queda subordinada a la agenda de los desencuentros.
Quizá ha llegado el momento de que todos los involucrados recuerden una verdad elemental; las elecciones llegarán cuando tengan que llegar. Mientras tanto, los gobiernos siguen teniendo la obligación de gobernar y las instituciones la responsabilidad de funcionar. Así, al final, más allá de las páginas, las plazas y las acusaciones cruzadas, los ciudadanos esperan algo bastante menos espectacular, pero mucho más importante: resultados. Y esos, a diferencia de las disputas políticas, no admiten demasiadas interpretaciones.
Cavilaciones:
Primera: Jacobo Payan Espinosa, dueño del equipo de futbol profesional, Atlético de San Luis, estuvo en el selecto grupo de dueños que fueron convocados a Palacio Nacional para respaldar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en su afán de crear nuevos talentos del balompié mexicano. Jacobo se codea con los tiburones y se hace respetar. Estrellita para el empresario y esperemos que esté cocinando un buen equipo para la próxima temporada y si no, que la afición se lo demande ¡Miau!
Segunda: Cada vez es más notoria la operación de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, aferrados a posicionar a pseudoperiodistas de su corriente política como víctimas de represión. El juego es cada vez más evidente y los destinatarios también. La grotesca manufactura de la campañita se está llevando entre las patas a varios perfiles. Esa peliculita ya la vivimos con Xavier Nava. Este felino piensa que andan agotando su pólvora en infiernitos ¡Grrr!
Tercera: Circula con fuerza la especie de que Martín Juárez Córdoba, actual director de Cultura del Ayuntamiento capitalino podría regresar a la dirigencia del PRI ¡Que Dios reparta suerte!
