Muerte civil para los corruptos.
Continúa brotando la pus del cuerpo putrefacto de lo que fue el gobierno de Juan Manuel Carreras. La presunción de que en esa administración la corrupción fue un cáncer que envileció las instituciones sigue dando mucho de qué hablar.
Ya están, o estuvieron temporalmente en la cárcel o en prisión preventiva domiciliaria peses gordos a los que se les está acusando de rapiñas millonarias. Pero la pregunta que se hacen miles de potosinos, incluidos priistas que se siente defraudados y engañados por el ex gobernador es: ¿Cuándo alcanzará el largo brazo de la justicia al güero Carreras?
Las acciones emprendidas por la Fiscalía General del estado para llevar a juicio a los presuntos corruptos están siendo aplaudidas por los ciudadanos. El Fiscal del estado, José Luis Ruíz Contreras está aumentando su popularidad al encabezar esta cruzada justiciera.
Pero hay otras acciones punitivas que los legisladores del Congreso local pueden emprender para llamar a cuentas a los deshonestos que presumiblemente dañaron las arcas públicas. Podrían, por ejemplo, hacer valer la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios, contratistas y proveedores responsables de desviar recursos públicos. Pueden iniciar acciones legales para que se aplique la “muerte civil” a quienes luego de un juicio y ya con sentencia firme sean declarados culpables de cohecho, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, enriquecimiento inexplicable u ocultamiento de conflicto de intereses.
¿En qué consiste esta inhabilitación llamada “muerte civil? Es una sanción por medio de la cual, previa sentencia de un juez, se incapacita de por vida a una persona física o moral para ejercer un cargo, profesión o para que participe en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Es lo menos que se merecen, además del repudio general de la sociedad y la ignominia que caerá sobre sus familias.
