A nueve meses de haber asumido funciones tras la histórica elección que vivió San Luis Potosí en 2025, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado, Zelandia Bórquez Estrada, informó que el órgano a su cargo acumula 110 denuncias presentadas contra servidores públicos del sistema de justicia, principalmente personas juzgadoras, secretarios de acuerdos, actuarios y otros funcionarios judiciales.
Explicó que, además de atender los procedimientos en curso, el Tribunal trabaja en la reducción de un rezago superior a los 200 expedientes que fueron heredados como consecuencia de la implementación de la reforma judicial, situación que ha obligado a establecer estrategias específicas para agilizar su análisis y resolución.
Bórquez Estrada señaló que una de las principales acciones emprendidas por el organismo consiste en iniciar el proceso de evaluación de jueces de primera instancia, con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar un adecuado desempeño dentro del sistema de impartición de justicia.
Asimismo, adelantó que se proyecta la apertura de una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía presentar denuncias relacionadas con posibles conductas indebidas de servidores públicos del Poder Judicial, herramienta que busca facilitar el acceso a los mecanismos de queja y fortalecer la transparencia institucional.
La magistrada agregó que otra de las prioridades del Tribunal es brindar acompañamiento a las personas que hayan sido víctimas de abusos, irregularidades o excesos cometidos por funcionarios judiciales, a fin de garantizar que sus denuncias sean atendidas y cuenten con seguimiento durante los procedimientos correspondientes.
Destacó que estos trabajos se desarrollan de manera coordinada con la magistrada Adriana Miranda Tello y el magistrado Austreberto Regil González, con quienes se han impulsado diversas acciones para consolidar las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
Por último, la presidenta del organismo reiteró que el objetivo es fortalecer la vigilancia interna del Poder Judicial, mejorar los procesos de evaluación y avanzar en la atención de los asuntos pendientes para ofrecer una respuesta más eficiente a la ciudadanía.
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