Una serie de denuncias graves y reiteradas ha encendido las alertas en la carretera estatal que conecta Moctezuma con Villa de Arista, donde campesinos y transportistas acusan la existencia de un presunto esquema de extorsión operado desde un retén de la Guardia Civil Estatal. Los señalamientos describen un patrón que, lejos de ser un hecho aislado, apunta a prácticas sistemáticas que estarían afectando directamente a quienes dependen del traslado de sus productos para subsistir.
De acuerdo con los testimonios recabados, las víctimas son principalmente productores del campo que circulan por esta vía con mercancía agrícola. Al llegar al punto de revisión, son detenidos por elementos que, bajo el argumento de inspecciones de rutina, proceden a cuestionarlos y revisar sus unidades. Sin embargo, lo que debería ser un procedimiento de seguridad se transforma, según denuncian, en una situación de presión e intimidación. Los afectados aseguran que las revisiones derivan rápidamente en exigencias económicas fuera de cualquier marco legal.
Los relatos coinciden en un mismo esquema: inicialmente se les exige el pago de hasta 50 mil pesos en efectivo para permitirles continuar su camino. Esta cifra, completamente fuera del alcance de la mayoría de los campesinos, genera un escenario de vulnerabilidad inmediata. Aquellos que no cuentan con el dinero son retenidos en el lugar, privados de su libertad por varias horas, sin posibilidad de comunicarse con familiares o solicitar apoyo. En ese lapso, aseguran, son sometidos a presión constante hasta que se ven obligados a conseguir una cantidad menor, que ronda los 25 mil pesos, para poder ser liberados.
Lo más alarmante es que, además del pago, los afectados señalan que reciben advertencias directas para no denunciar los hechos. Bajo amenazas veladas, se les condiciona su liberación a guardar silencio, lo que ha provocado que muchos de estos casos no lleguen a instancias formales. Este clima de desconfianza ha permitido que la situación, según los denunciantes, se mantenga activa sin consecuencias visibles hasta el momento.
La situación ha comenzado a impactar de manera directa en la economía local. Productores han optado por reducir sus traslados o modificar rutas, asumiendo mayores costos y riesgos, con tal de evitar el punto señalado. Otros, simplemente, continúan circulando con temor, sabiendo que en cualquier momento pueden ser detenidos y obligados a entregar parte importante de sus ingresos. La carretera, que debería ser un canal de desarrollo y movilidad, se ha convertido en un foco de riesgo para quienes viven del campo.
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