En la política potosina hay personajes que, cuando obtienen un cargo, empiezan a comportarse como si hubieran heredado un pequeño reino. Algo parecido ocurrió en Villa de Pozos, donde algunos integrantes del antiguo Concejo Municipal parecían haber olvidado que su puesto era provisional, que el municipio apenas estaba naciendo y que el trabajo consistía, nada más y nada menos, que en gobernar. El problema es que entre ausencias, escándalos y aspiraciones adelantadas, varios terminaron creyéndose más importantes que la propia institución que representaban.
El episodio ya es conocido. En diciembre del año pasado, el Congreso del Estado tomó una decisión poco común, pero necesaria: destituir a la totalidad del Concejo Municipal de Villa de Pozos después de que salieran a la luz audios y señalamientos que evidenciaban prácticas que poco tenían que ver con la transparencia y mucho con la vieja cultura del “a ver qué me toca”.
La respuesta de algunos de los ahora exconcejales fue la clásica; no reconocieron la realidad y trataron de revertir la decisión en los tribunales. Así, llegó la controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la esperanza de que, desde la Ciudad de México, alguien les devolviera lo que en San Luis Potosí ya se había perdido, el cargo.
La Corte fue tajante. La controversia fue desechada por improcedente. Traducido al español político cotidiano: les dieron palo. La resolución confirma que la determinación adoptada por la LXIV Legislatura para desintegrar el antiguo concejo se mantiene firme. También valida el nombramiento del nuevo órgano de gobierno encabezado por Martha Patricia Aradillas Aradillas, quien hoy funge como presidenta concejal del municipio.
En los hechos y para que lo entendamos mejor, la Corte respalda la decisión del Congreso potosino y confirma que el proceso que llevó a la remoción del concejo anterior fue jurídicamente válido. Conviene decirlo con todas sus letras: Villa de Pozos necesitaba ese golpe de timón, porque lo que estaba en juego no era solamente una disputa política, sino la credibilidad de un municipio que apenas comienza a caminar como entidad autónoma.
Durante meses, algunos de aquellos concejales parecían sentirse peor que presidentes municipales; cargos, protagonismo, reflectores, pero poca presencia frente a la gente. Hubo quienes ni siquiera se tomaban la molestia de aparecer con regularidad en el territorio que supuestamente gobernaban, aunque eso sí, más de uno ya se veía saltando a otro puesto político aprovechando la plataforma del nuevo municipio.
Al final, la realidad terminó siendo menos generosa con esas aspiraciones. La resolución de la Suprema Corte termina por cerrar el capítulo y, de paso, ratifica la ruta que impulsó el Congreso del Estado, particularmente la propuesta promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien defendió la necesidad de poner orden en el gobierno municipal de Pozos.
Más que una derrota personal para algunos exconcejales, lo que queda es una lección política bastante clara; los cargos públicos no son trampolines automáticos ni premios de consolación, son responsabilidades y, cuando se olvidan de eso, tarde o temprano, alguien termina recordándoselos. En este caso, un recordatorio doble: El Congreso del Estado y la Suprema Corte.
