Liliana Vázquez, una mujer víctima de violencia a manos de su expareja denunció este miércoles al juez Juan Fernando Salazar Hernández por favorecer a su agresor y despojarla de su vivienda. La afectada, quien atravesó un matrimonio marcado por violencia psicológica y física, sostiene que, a pesar de contar con medidas de protección, el juez ordenó su desalojo con el uso de la fuerza pública, otorgando su casa al hombre que denunció.
Según el testimonio de Vázquez, durante años trabajó en la construcción del patrimonio conyugal y contribuyó al crecimiento de las empresas familiares, pero tras iniciar el proceso de divorcio, su expareja utilizó influencias y el respaldo de funcionarios del Poder Judicial para arrebatarle su hogar y evadir el pago de una pensión alimenticia justa. En este proceso, señala directamente al juez Salazar Hernández y a su secretario Lisandra Cifuentes Velázquez, a quienes acusa de trato humillante y parcialidad a favor de su agresor.
Este caso cobra aún más relevancia porque Salazar Hernández figura en la lista de candidatos para contender en las elecciones judiciales de este año, lo que genera preocupación entre colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La denunciante hizo un llamado a la ciudadanía para impedir que personas con antecedentes de presunta corrupción y violencia de género continúen ocupando cargos clave en la impartición de justicia.
Ante esta grave acusación, Liliana Vázquez exigió la intervención de las autoridades estatales para revisar su caso y abrir una investigación contra los funcionarios involucrados. Su denuncia refleja un problema estructural en el sistema judicial, donde, en lugar de proteger a las víctimas, se les revictimiza y deja en situación de indefensión.
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