Gracias a un amparo presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido despenalizar el aborto en el estado de Aguascalientes.
El objetivo detrás de este amparo era garantizar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a procedimientos de aborto seguros sin enfrentar cargos criminales. A principios de 2022, estas organizaciones presentaron un amparo en contra de la regulación del delito de aborto en Aguascalientes. La Corte, a través de su Primera Sala bajo la dirección del Ministro González Alcántara Carrancá, discutió un proyecto para dejar de aplicar los artículos del Código Penal que tratan sobre el aborto auto procurado y consentido, además de eliminar las barreras que dificultan el acceso al aborto por riesgo de vida o por casos de violación.
Después de analizar el amparo presentado por estas organizaciones, la Corte determinó que el delito de aborto auto procurado y consentido ya no se aplicará en el estado de Aguascalientes. Esto significa que ninguna mujer, persona con capacidad de gestar ni profesional de la salud podrá ser enjuiciada por esta cuestión. Esta decisión convierte a Aguascalientes en el duodécimo estado en despenalizar el aborto, y el gobierno está obligado a brindar este servicio de atención médica. Además, el Congreso de Aguascalientes debe revocar los artículos señalados como inconstitucionales antes de que termine el periodo de sesiones en el que se notifique la sentencia.
Este amparo en Aguascalientes es parte de una estrategia jurídica a nivel nacional liderada por GIRE y otras organizaciones locales. Es la primera vez que un amparo presentado por organizaciones de la sociedad civil tiene efectos generales, lo que significa que beneficiará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en el estado.
Esta estrategia jurídica implica presentar amparos para eliminar el delito de aborto auto procurado y consentido en varios estados de México, basándose en una sentencia emitida por la SCJN en septiembre de 2021 que declaró inconstitucional el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila.
Hasta el momento, se han presentado amparos en contra de los códigos penales de varios estados y el Código Penal Federal. Dado que esta decisión se tomó con cuatro votos a favor, se convierte en una obligación para todos los jueces locales y federales, quienes deberán implementar lo decidido por la Corte.
Esta decisión impone al Estado de Aguascalientes la responsabilidad de ofrecer servicios de aborto. Se espera que otros estados en el país, cuyas leyes aún limitan la autonomía reproductiva, tomen en consideración los criterios del tribunal supremo para asegurar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
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