Todo parece indicar que los partidos políticos preparan sus procesos de selección de candidatos, rumbo a la elección de junio del 2021, con posibles coaliciones parciales y candidaturas comunes, tanto en el orden federal como en el local.
Prácticamente, el acompañamiento del PRD a Acción Nacional es un hecho, Movimiento Ciudadano es muy probable que se vincule a ese bloque, y el PRI demostró que, a través de su estructura, puede ser competitivo, aunque no descarta posibles alianzas.
Los tres partidos de nueva creación, por ley, no podrán coaligarse y tendrán que participar solos en el proceso por venir. Están obligados a mantener su porcentaje legal para conservar su registro.
En el otro extremo se encuentra el bloque de las izquierdas, que agrupa a los partidos de la 4T: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México y está claro que han actuado con estricta lealtad y compromiso a la hora de acompañar, en el Congreso de la Unión, las iniciativas del Ejecutivo federal para fortalecer un buen gobierno.
Es innegable que se debe buscar los mejores perfiles, con rentabilidad electoral y arraigo. La estructura propia es fundamental en este proceso, como es el caso de la propuesta del PVEM hacia la gubernatura de San Luis Potosí: Ricardo Gallardo Cardona, el diputado federal que alcanzó el mayor porcentaje de votación para el PRD en el pasado proceso electoral, partido que este abandonó, sin importar que fuera el coordinador de los diputados federales del mismo, para sumarse de forma decidida, junto con siete diputados más, al proyecto de la 4T.
Gallardo ha recibido un embate mediático que busca su descrédito, luego de que se dieran a conocer los números que estadísticamente lo posicionan como el principal contendiente en San Luis Potosí. El prestigio de las casas encuestadoras que lo dieron a conocer es innegable, y esto derivó en que, a través de columnas y notas periodísticas, sus adversarios y detractores difundieran que Gallardo había sido denunciado por “particulares”. Hay quienes dicen que el embate salió del ayuntamiento de San Luis capital y los recursos, de sus arcas. Es evidente que pretenden inducir a que le apliquen la ya conocida y denostable ruta de criminalizar al adversario. De todos es sabido que Ricardo Gallardo fue víctima de una persecución política en el pasado proceso electoral, que le impidió participar para la posición de gobernador.
Es elemental que el celo político al interior de las fuerzas aliancistas se genere, y ojalá imperen la cordura y la unidad sobre un proyecto mayor: atender la sugerencia del primer mandatario en el sentido de aplicar mediciones a todos aquellos aspirantes a ocupar ese tipo de encargos. Solo bastaría transparentar de manera clara y contundente el método preciso, el tipo de preguntas y, evidentemente, un acuerdo colectivo respecto a qué casas encuestadoras lo aplicarían, lo anterior suscrito y firmado por los propios aspirantes y sus respectivas dirigencias partidistas, para evitar el sospechosismo y la confrontación.
Para Ricardo Gallardo, como para otros, seguro vendrán más dimes y diretes, “denuncias”, denostaciones y agresiones mediáticas desde fuera, desde los opositores; pero seguro, también de fuego presuntamente amigo.
Hoy, ya son una forma común de hacer política las verdades a medias, la inducción a desinformar, y pareciera que entre más se desprestigia a los actores políticos, el avance está garantizado para el opositor, nada más falso; la población se ha acostumbrado al desprestigio de sus gobernantes, este se ha convertido en una constante, y es lamentable, porque quien lo propicia es la propia clase política.
