En al menos 10 municipios de la frontera sur de México, el recrudecimiento de la violencia, vinculada a disputas del narcotráfico, ha llevado al cierre de iglesias cristianas, según informó el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, Gamaliel Fierro Martínez.
En una entrevista, el pastor Martínez destacó que el problema de la violencia se ha extendido, con grupos delictivos acosando a la población local. Esto ha resultado en el desplazamiento de habitantes y feligreses, y en la reducción de las actividades en muchas iglesias, pasando de tener actividades durante la semana a operar solo un día debido a la inseguridad.
La situación ha golpeado especialmente a los cristianos evangélicos en Chiapas, donde cerca de uno de cada tres habitantes practica esta religión, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Martínez señaló que los cierres de iglesias no se limitan a Tapachula, sino que también han ocurrido en municipios de la sierra como Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, Bellavista y zonas circundantes.
La violencia también ha impactado el comercio de alimentos en las comunidades, exacerbando la escasez debido a la interrupción de las vías de comunicación terrestre.
Estos hechos reflejan una creciente tensión entre la religión y el crimen en el sur de México. Recientemente, se ha conocido de una negociación de paz entre la Iglesia católica y grupos narcotraficantes en Guerrero.
A pesar de los esfuerzos de líderes religiosos, la inacción de las autoridades locales, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ha generado críticas.
Ante esta situación, líderes religiosos y comerciantes locales han instado al gobierno a reforzar la presencia de las autoridades en la zona, solicitando la intervención del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la población.
Denis Olivera Aguirre, comerciante de Tapachula, expresó su preocupación y denunció la extorsión y el acoso por parte de grupos criminales en la región de la sierra de Chiapas, exigiendo medidas enérgicas por parte del gobierno estatal y federal para abordar la creciente inseguridad en la región.
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