El delito que más se comete en contra de mujeres indígenas en San Luis Potosí es el de violencia familiar, “principalmente violencia psicológica, verbal y económica”, afirmó Daniel Aquino Martínez, Fiscal Especializado en atención de personas pueblos y comunidades indígenas, quién aseguró que todos los casos son atendidos sin demora.
Indicó que este año no hay registro de feminicidios contra mujeres indígenas y cuando se denuncian casos de acoso o violencia familiar, inmediatamente se dictan medidas cautelares para proteger a las afectadas.
El funcionario indicó que el año pasado en la Fiscalía Especializada se formalizaron alrededor de 86 denuncias de diversos delitos, y en lo que va de este año van 51 querellas, “pero esto es porque en el 2022 sólo operó nuestra sede ubicada en Tancanhuitz y para este año ya tenemos abiertas cuatro delegaciones regionales ubicadas en Ciudad Valles, Tamazunchale, Rioverde y Xilitla, es decir, ampliamos nuestra cobertura”.
Señaló que además, gracias al trabajo coordinado de diversas dependencias e instancias, las mujeres indígenas de San Luis Potosí están conociendo sus derechos y los están ejerciendo, “otra herramienta importantes es que hemos empodérado a la jurisdicción indígena, es decir, alentamos a nuestras autoridades comunitarias para que resuelvan sus conflictos de acuerdo a sus usos y costumbres”, indicó.
Señaló que incentivar la jurisdicción indígena permite hacer uso de la justicia alternativa, con lo que los habitantes de nuestros pueblos originarios, pueden optar por un Juez Auxiliar para que resuelva sus conflictos, “y es que este tipo de autoridades tienen competencia en materia civil, familiar y penal, y esto nos habla de la importancia de impulsar su actuación”, sostuvo Aquino Martínez.
Dijo que cuando una mujer u hombre acuden a la Fiscalía, lo primero que se le ofrece es atender su caso a través de un Juez Auxiliar, pero si el quejoso lo rechaza, de inmediato entran en operación los protocolos de actuación de la autoridad.
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