La intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de los daños al Templo de la Compañía por los destrozos, realizados en el marco de las manifestaciones del 8M, no se trata de un intento por criminalizar a las mujeres que marcharon ese día, advirtió la Iglesia Católica de San Luis Potosí.
Al respecto, el vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales, aclaró que las denuncias presentadas no buscan criminalizar la protesta social, sino cumplir con un procedimiento legal necesario para la restauración de monumentos considerados propiedad de la Nación. Explicó que, conforme a la normativa vigente, cualquier daño físico a este tipo de inmuebles constituye un delito federal, lo que obliga a iniciar un proceso formal ante las autoridades.
De acuerdo con este marco legal, la denuncia penal permite al Instituto Nacional de Antropología e Historia realizar los peritajes técnicos correspondientes y, posteriormente, gestionar el acceso a seguros destinados a la reparación de bienes patrimoniales. Sin este procedimiento, los recursos para la restauración no pueden liberarse, lo que implicaría que los costos recaigan en la comunidad o en los responsables del inmueble.
Las autoridades eclesiásticas señalaron que existe una diferencia entre respaldar las demandas sociales y garantizar la protección del patrimonio histórico, al tratarse de bienes con valor cultural que trasciende el ámbito religioso. En este caso, los daños registrados en la fachada y portones del templo requieren intervención especializada debido a su antigüedad.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de evaluación y cuantificación de daños, una etapa que implica análisis técnicos detallados debido a las características de los materiales y la complejidad de su restauración. Mientras avanzan las investigaciones, los trabajos de rehabilitación dependerán de los dictámenes periciales que determinen el alcance de las afectaciones y la cobertura de los seguros correspondientes.
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