En un acto de descaro institucional y solo después de que las denuncias ciudadanas llegaran a la prensa, Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar en San Luis Potosí, tuvo que reconocer públicamente que su dependencia mantiene adeudos salariales con el personal de enfermería del programa «Salud Casa por Casa».
El funcionario, quien se había mantenido al margen de la situación, se vio forzado a abordar el tema en conferencia de prensa tras la exhibición de la falta de pago. Buscando minimizar la gravedad del asunto, Morales López aseguró que la falta de remuneración no está generalizado, pues, según sus cifras, solo afecta a 10 trabajadores de una plantilla de 600.
Sin embargo, para estos diez profesionales de la salud, el error ha significado trabajar sin recibir un solo peso durante un trimestre completo; una negligencia administrativa que la propia delegación no fue capaz de detectar en 90 días.
Con gran descaro, el delegado justificó el impago escudándose en problemas de «carácter técnico». La explicación oficial señala que la delegación intentó transitar de un sistema de pagos «lento» a uno más ágil. En el proceso, la base de datos de estos trabajadores se extravió en la burocracia digital, quedando atrapada en la plataforma antigua sin que nadie en la oficina del Bienestar se percatara del fallo.
A pesar de la supuesta «disculpa» ofrecida a los afectados, el funcionario no especificó un día exacto para la liquidación de los sueldos caídos. Se limitó a informar que los pagos serán retroactivos y que será hasta el próximo lunes cuando se reúna nuevamente con los afectados para, apenas, definir el calendario de pagos.
