La situación de las personas migrantes en Tapachula, Chiapas, ha llegado a tomar una dimensión y complejidad alarmantes. Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia de ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del Gobierno Federal.
El Gobierno Federal, en efecto, ha incumplido con los compromisos realizados con las personas migrantes para sus traslados y regularización migratoria, lo que ha desatado una escalada de inconformidades derivando en bloqueos carreteros y conflictos con la población local. Esto ocasiona que se ponga en riesgo la integridad física tanto de las personas migrantes como de la población local.
La noche del martes 23 de noviembre una caravana de aproximadamente 1,300 personas migrantes, imposibilitada ya para caminar aceptó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a distintos puntos en el interior del país. Un grupo de 87 personas migrantes tuvo que esperar hasta el día siguiente al no alcanzar lugar en los autobuses. Se corrió la voz, y esto ocasionó que un grupo considerable de personas migrantes se trasladaran hacia Mapastepec, Chipas, lugar donde se supone llegarían los autobuses para el traslado al interior del país. Desde ese día a la fecha, la lista de los que esperan en Mapastepec ha pasado de 87 a más de 900.
Muchas personas migrantes han tomado la carretera costera de Chiapas en pequeños grupos o caravanas, exponiéndose al colapso por el sol, hambre, deshidratación y enfermedad.
La situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia. En medio de esta compleja realidad, la Iglesia Católica, a través de la Diócesis de Tapachula, Chiapas, se ha mantenido firme en proveer de atención humanitaria a las personas migrantes, preocupada, además, por una política confusa e ineficaz del Gobierno Federal, la indiferencia del gobierno estatal y el rol de espectadores de los gobiernos municipales.
Nuestro deseo de ayudar es muy grande, hacemos lo que podemos hasta donde nos dan las fuerzas y aunque los recursos sean limitados, lo continuaremos haciendo siempre con solicitud y con profundo espíritu cristiano. Estamos agradecidos con la respuesta generosa de nuestras familias parroquiales que han hecho lo indecible por hacer frente a esta situación, pero vemos con preocupación que el nivel de exigencia de esta situación rebasa con mucho nuestros buenos propósitos.
Hoy más que nunca urge una intervención decidida de los tres niveles de gobierno, apegada a los derechos fundamentales de las personas migrantes. La responsabilidad y obligación son muy claras: corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Conferencia del Episcopado Mexicano manifiesta su preocupación al detectar que las personas migrantes son engañadas con falsas promesas por parte de criminales y estafadores que lucran con la necesidad y el dolor de quienes desean transitar por México.
1 De igual forma, recibimos con decepción la noticia de que el Gobierno de México ha decidido reanudar el programa MPP mejor conocido como “Quédate en México”, ya que este viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
Con profunda sinceridad deseamos que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por ello, exhortamos al Gobierno de México a ejercer con prontitud sus compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración. La Iglesia Católica de México, a través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana manifiesta su disposición al diálogo con el Gobierno Federal, a fin de canalizar propuestas efectivas en beneficio de las personas migrantes, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, personas mexicanas deportadas y en situación de desplazamiento forzado interno.
Los Albergues y Casas del Migrante de la Iglesia Católica a través de sus distintas diócesis en todo el país, han continuado con su labor humanitaria de atender a las personas más pobres, migrantes, solicitantes de refugiado, personas deportadas, niñas, niños y adolescentes, sin importar credo, nacionalidad, lugar de origen o cualquier otra condición. A todos y todas ustedes, obispos, sacerdotes, párrocos, religiosas, religiosos, laicas y laicos, les extendemos nuestro respeto, agradecimiento, respaldo y profunda admiración, ya que son el rostro y las manos de una Iglesia unida que siempre saldrá al encuentro de quienes más sufren. Les bendecimos y les invitamos a continuar ofreciendo esperanza y alegría.
Que la Virgen de Guadalupe ilumine nuestro camino y nos anime a seguir creyendo en un mundo más fraterno y sin fronteras.
