En plena pandemia y con total conciencia de lo que estaban aprobando, los diputados de la presente Legislatura del Congreso del Estado aprobaron una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de San Luis Potosí con la que, prácticamente, ataron las manos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a quien le quitaron la facultad de realizar auditorías y revisiones a ejercicios fiscales, cuentas públicas y demás prácticas relacionadas con el uso y manejo de los recursos públicos.
Por medio del Decreto 0660, se adicionó el Artículo 54 Bis de la legislación ya mencionada que a la letra dice: El Congreso del Estado podrá solicitar a la Auditoría Superior del Estado, mediante la práctica de una auditoría especial, la revisión inmediata de la gestión financiera de cualquiera de las entidades fiscalizadas sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores. La auditoría especial será solicitada mediante iniciativa de Acuerdo Económico y siempre que existan elementos de prueba suficientes que hagan presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío correspondiendo a la Comisión de Vigilancia la dictaminación de la solicitud planteada.
De acuerdo con el análisis de distintos expertos en el tema, esta reforma, lejos de representar un beneficio para San Luis Potosí en la transparentación de recursos públicos, termina atando las manos de la ASE ya que, ahora, requiere de la aprobación de los diputados para poder realizar un procedimiento que antes efectuaba sin contratiempos y sin la autorización del Congreso.
La iniciativa fue presentada por el diputado José Antonio Zapata Meraz y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de abril de 2020, en plena pandemia. Se cree que la intención es impedir que la ASE audite a la presente Legislatura y al Gobierno del Estado en ejercicios pasados, presentes o futuros para garantizar impunidad ante posibles manejos irregulares.
La llamada Ley Tapadera ha causado desacuerdo entre los potosinos pues, a todas luces, pareciera que los legisladores están buscando impunidad para sus futuros cargos.
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