En rueda de prensa, con las y los reporteros que cubren la fuente universitaria, el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estuvo acompañado por la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y señaló que las condiciones han cambiado radicalmente, al iniciar actividades con semáforo sanitario en color naranja.
“Les quiero decir a todos que debemos de exagerar los cuidados, sobre todo en los jóvenes; el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y les pediría a ustedes como representantes de los medios de comunicación, el fomentar la vacunación. Iniciamos la vacunación de mayores de 18 años, un sector de la población clave para la reactivación del estado y del país”.
Dijo también que se iniciarán clases teóricas en línea, mientras que las clases prácticas tendrán lugar de manera presencial, “con grupos pequeños y en forma voluntaria. Esperemos que con este periodo de vacunación para mayores de 18 años, se extienda a mayores de 17, para poder cubrir la gran mayoría de la población estudiantil de nuevo ingreso, lo que nos permitiría actividades escolares más cercanas, a lo que son las actividades normales”.
Expresó además que por ser una entidad autónoma, en este momento, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene ya su calendario de actividades, el cual señala el próximo 16 de agosto el inicio de clases, del cual reiteró, se realizaría de manera virtual.
Sobre la Feria del Libro, el doctor Zermeño Guerra expresó que también se está valorando la realización de la misma, “si es que se llegara a hacer, no podría ser presencial y en todo caso, tendría que ser virtual, aunque aún lo seguimos valorando o en un momento dado, cancelarla y posponerla a un futuro más promisorio, como lo han hecho muchas universidades que realizan este tipo de actividades”.
En el tema de la alumna de nuevo ingreso de la Facultad de Contaduría y Administración, que presenta discapacidad auditiva, la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez destacó que se está trabajando para poder apoyarla con las medidas necesarias, inmediatas, que implican garantizar el acceso a la Universidad, “en este caso, la educación inclusiva”.
“Y estas medidas están sujetas a dos criterios, como lo es la necesidad, no solamente de un intérprete de lenguaje de señas, sino la modificación curricular, material de apoyo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
una metodología para realizar los ajustes razonables, es decir, se tiene que hacer un plan de acción por cada caso en particular”.
Y puntualizó: “Por lo que el cumplimiento de la solicitud de estos ajustes razonables, no aplique una carga indebida o desproporcional a la persona o a la institución que le toque garantizarla, esto se traduce en maximizar o agotar los recursos con los que se cuente y el resto tendrían que ser acciones de carácter progresivo en materia de derechos humanos”.
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