Aunque las autoridades federales se han pronunciado a favor de la preservación y conservación del Parque Nacional de Gogorrón, desde hace varios años se ha venido impulsando un proyecto en el que, según denuncian, está involucrado el mismísimo gobernador Juan Manuel Carreras y un grupo de empresarios encabezados por Francisco «La Pájara» de la Rosa, quienes, acomodando la ley a conveniencia y al tener a su disposición toda la estructura del Estado, se han autorizado cuantos permisos han requerido para desarrollar un proyecto inmobiliario cuya construcción y operación representa un claro atentado contra el medio ambiente.
Terrazas de Bernalejo, Complejo Ecológico Campestre, es el nombre con el que este grupo de voraces desarrolladores han dado inicio a la destrucción de Gogorrón y es que, tal como consta en una larga lista de denuncias y amparos que se han promovido por parte de ejidatarios de la región y activistas defensores del medio ambiente, el desarrollo inmobiliario no tiene sustento alguno pues viola todas las normas y leyes existentes. Su principal razón de ser son los permisos que, curiosamente, ha concedido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado cuyo proceder también ha sido ampliamente señalado.
Nadie se explica en qué momento la Pájara de la Rosa dejó de ser el magnate empresarial para convertirse en un modesto ejidatario de Estancia del Saucillo en donde logró apropiarse de más de 200 hectáreas en las que emprendió el ambicioso proyecto inmobiliario a pesar de que no se contaba con los permisos de uso de suelo ni de construcción correspondientes. De un momento a otro, el supuesto ejidatario ya ofrecía lotes de mil 500 metros cuadrados a precios tres o cuatro veces más elevados del real.
«Concebido bajo el concepto de complejo ecológico campestre, nuestra prioridad es ofrecerte una vida tranquila que respeta los flujos de la naturaleza, donde además de disfrutar de vistas panorámicas y paisajes espectaculares, tendrás acceso a todas las actividades y beneficios que te ofrece vivir en uno de los lugares más exclusivos del Estado» fue así como se empezó a promover el complejo residencial que pronto comenzó a ganar clientes, muchos de ellos engañados pues desconocían la realidad que se vive en la zona y el daño que estaban provocando al medio ambiente.
A la fecha, no se sabe, porque en el proyecto original no se detalla, de dónde se extrae el agua para abastecer el complejo, cómo se instalaron las redes eléctricas, a dónde va el drenaje. Si bien, se vendió la zona como la octava maravilla, lo cierto es que sigue sin contar con los permisos para proporcionar los servicios básicos por lo que, se cree, es todavía mayor el daño ecológico que está generando por lo que se insiste en la necesidad de que las autoridades federales intervengan para poner un alto a la destrucción del Parque Nacional de Gogorrón y se sancione a todos los involucrados que, con toda la ventaja posible tergiversaron la ley a conveniencia para emprender este tipo de proyectos.
