Afiliados del Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores del Gobierno del Estado (SERTGE) denunciaron públicamente a la secretaria general de la organización, Bertha Alicia Gutiérrez Gutiérrez, por supuestas irregularidades en el manejo de las finanzas y recursos, así como un desfalco millonario en perjuicio de los trabajadores que, durante años, han aportado sus cuotas sindicales y que, ahora, sin mayor explicación, se niegan a devolverles.
Los afectados explican que en reiteradas ocasiones han buscado la manera de entablar un diálogo con Bertha Alicia, sin embargo, la lidereza sindical evade sus responsabilidades y se niega a darles la cara, situación que ha generado una mayor molestia entre los afiliados pues pasan los meses y siguen sin devolverles el dinero que, quincena tras quincena, les descuentan vía nómina.
Quienes han podido confrontar a la dirigente del SERTGE, detallan que la excusa que reciben es que la Secretaría de Finanzas no ha entregado los recursos, que por cuestiones burocráticas el propio Gobierno del Estado ha retrasado este tema y otras tantos argumentos que ya fueron desmentidos pues otros sindicatos entregaron desde enero los ahorros correspondientes al año 2020 y, en el caso concreto del SERTGE, la mayoría de los sindicalizados ya recibieron la prestación, mientras que sólo un grupo de trabajadores son quienes están enfrentando estas complicaciones.
Los sindicalizados recordaron que Bertha Alicia ya ha enfrentado cargos penales en años anteriores por fraude y otros delitos en perjuicio de los trabajadores de Gobierno del Estado, tal como sucedió en 2019 cuando, presuntamente, desvió poco más de 11 millones de pesos por concepto de préstamos personales que terminaron en amenazas y problemas legales en perjuicio de los trabajadores por parte de la Caja Popular Acrecenta.
Ante esta situación, los afectados demandan la intervención de las autoridades fiscalizadoras y de justicia para que revisen este tema ya que no sólo hay un robo y un fraude evidente, sino que, además, la lidereza del SERTGE incurre en amenazas y hostigamiento contra los trabajadores que lo único que hacen es defender las prerrogativas por las que han pagado de manera puntual.
