El Congreso del Estado aprobó un dictamen en el que se garantiza la calidad de cualquier bien o servicio adquirido por la sociedad y si llega a existir alguna deficiencia, incumplimiento de la ley o problemática, serán las autoridades quienes se hagan cargo de las responsabilidades administrativas y de las sanciones penales que procedan en un futuro.
Artículo 10. “Las autoridades y demás entes públicos estatales y municipales, deberán verificar que los bienes o servicios que en su contratación se adjudiquen a los proveedores o licitantes, al entregarse y recibirse, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, que resulten aplicables”.
En caso de que existan dudas sobre la aplicación e interpretación de las Normas Oficiales Mexicanas, relativo a los bienes y servicios, las autoridades y demás entes públicos estatales o municipales, podrán realizar la consulta correspondiente ante la Secretaría de Economía o las Autoridades Normalizadoras en términos de lo que dispone la Ley de Infraestructura y Calidad, y su resultado será obligatorio.
Con esta reforma se permite definir claramente un criterio de calidad para todas las adquisiciones del sector público, que no solamente resulte coherente con el interés público, sino que también sea una medida fiable de la calidad, en términos de mercado, de los productos y servicios adquiridos, siendo una medida favorable también para el desarrollo económico.
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