En el camino a las elecciones por el Gobierno del Estado en el 2021, muchas ya se han apuntado; diputados locales, federales, alcaldes y demás funcionarios han mostrado interés en el Ejecutivo del Estado. El más reciente en levantar la mano fue Alejandro Lozano, también conocido como Boris. Reconocido panista y recordado por su trabajo en favor de los animales cuando fue legislador local.
El pasado 2 de junio, un día después del inicio de la “nueva normalidad”, publicó un video en sus redes sociales, donde expuso las grandes necesidades en el estado y emitió una propuesta para combatirlas. Principalmente, hizo mención a la crisis económica que vendrá por la pandemia, la violencia contra las mujeres y la pobreza extrema en que viven muchos potosinos.
Boris propone, en primer lugar, fortalecer el Instituto de las Mujeres del Estado, la Fiscalía de la Mujer y el Sistema Estatal DIF, para que puedan brindar una mejor atención a violencia contra la Mujer. “Es urgente fortalecer la protección, asesoría jurídica y psicológica a las mujeres que han sido víctimas de violencia”, añadió.
Además, apuntó que es indispensable recortar el gasto corriente del Ejecutivo Estatal, por lo menos en un 10%, lo que representaría más de mil millones de pesos. Este dinero serviría para dar una renta mensual básica a las familias en pobreza y pobreza extrema del estado; además, se invertirían en las micro, pequeñas y medianas empresas potosinas y promover aún más el consumo local.
Remarcó que es importante aumentar la inversión en el sector turístico potosino y en la construcción de viviendas, no solo para combatir el déficit que hay en la entidad, si no para apoyar a los sectores industriales relacionados con la construcción.
Entre sus comentarios, recordó la importancia de cuidar nuestra salud en esta época y, al terminar, hizo un llamado a todos los potosinos a unirse y a cambiar de mentalidad.
Durante su paso por el Congreso del Estado, Alejandro Lozano «Boris» fue de los principales impulsores de la eliminación de la tenencia, la Ley de Delitos Cibernéticos y la eliminación del arraigo que permitía a las policías encerrar en hoteles a presuntos delincuentes hasta por 90 días y que sirvió en muchas ocasiones para fabricar culpables.
