Este jueves, tras meses de deliberación, las comisiones del Congreso del Estado concluyeron el análisis del caso de Sanjuana Maldonado, una mujer del Altiplano potosino que fue encarcelada por, lo que se dice, un crimen que no cometió. Los diputados aprobaron un indulto a Maldonado, pero aún falta un paso más, la votación en el Pleno, para que Sanjuana pueda recuperar su libertad.
Sanjuana Maldonado, originaria de Charco Cercado, una comunidad de Guadalcázar, fue condenada en 2009 a 30 años de prisión. En ese entonces, mantenía una relación con un hombre que ejercía violencia contra ella y su familia. Sanjuana, quien estaba estudiando el último semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Matehuala, fue obligada por su pareja a retirar un depósito de una cuenta bancaria a su nombre, cuenta que desconocía y que había sido tramitada por su novio.
A pesar de su resistencia, fue detenida por elementos presuntamente de la Policía Ministerial sin una orden de aprehensión. Un juez la condenó sin permitirle aportar pruebas en su defensa, y se le solicitó una cantidad millonaria para su libertad, capital que su familia no tenía. La organización Perteneces, tras un análisis detallado del caso, descubrió múltiples violaciones a sus derechos humanos y un tratamiento discriminatorio basado en estereotipos de género. El expediente, compuesto por 14 tomos, revela que Sanjuana fue condenada principalmente por la existencia de la cuenta bancaria a su nombre.
Tras 15 años en prisión, el análisis de su caso por varias instancias y la presión de miles de personas que empatizaron con su caso, fue que los diputados del Congreso del Estado, a pocos meses antes de concluir su legislatura, determinaron en Comisiones que Sanjuana debería obtener su libertad, por lo que aprobaron su indulto, que será turnado al Pleno del Congreso local para votación.
Este hecho fue reconocido por el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien aplaudió este avance que podría regresarle en poco tiempo a Sanjuana Maldonado la libertad que le fue arrebatada por las instituciones que debieron darle justicia. Sin embargo, no podrán regresarle a la joven potosina los 15 años de vida que le arrebataron, los sueños y aspiraciones que tenía de sacar a su familia adelante con el trabajo que conseguiría gracias a la carrera universitaria que no logró concluir por estar tras las rejas.
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