La situación se agrava con el incremento de embarazos en niñas menores de 14 años, muchas veces resultado de violaciones y abusos sexuales, un aspecto que Sottoli instó a abordar con urgencia desde la justicia penal para proteger a las víctimas y prevenir estos delitos.
El informe ‘Estado de la Población Mundial 2024’ del UNFPA reveló que el embarazo adolescente es más frecuente entre las adolescentes más pobres de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, quienes también enfrentan un riesgo tres veces mayor de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Esta realidad, según Sottoli, es inaceptable y refleja la discriminación estructural y la falta de políticas públicas efectivas en la región.
Desde una perspectiva económica, Sottoli subrayó que la persistencia del embarazo adolescente tiene un impacto significativo en la economía regional. Estudios del UNFPA estiman que el costo de oportunidad de no reducir estas tasas puede representar hasta el 0.28% del PIB de un país, con consecuencias devastadoras como la pérdida equivalente a meses de ingresos del Canal de Panamá en algunos casos.
Ante este panorama, el llamado de Sottoli a los gobiernos de la región es claro: fortalecer políticas públicas que promuevan la educación sexual integral, el acceso universal a métodos anticonceptivos y la protección de los derechos humanos de las adolescentes. Esto no solo ayudaría a combatir las causas profundas del embarazo adolescente, sino que también aseguraría un futuro más prometedor para las nuevas generaciones en América Latina y el Caribe.
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