Uno de los elementos esenciales de un sistema democrático, es que el poder se encuentre debidamente contenido o controlado, de ahí la necesidad de fraccionar las funciones gubernamentales, para evitar la concentración del poder en una sola persona o una corporación.
La división de poderes prevista por Montesquieu, parte del principio “primus inter pares”, es decir que ninguno de los poderes debe estar por encima de los demás, existiendo así una relación de coordinación entre ellos, pero generando mecanismos que permitan controlar al poder.
Controlar al poder, no debe verse desde una óptica de eliminarlo o disminuirlo, sino que por el contrario, termina por generar un efecto multiplicador, ya que a cada atribución gubernamental, se requiere facultar a otro poder, para que ejerza las funciones de control.
En México, existe una importante carga histórica para concentrar el poder preponderantemente en el Titular del Ejecutivo; si tomamos de referencia solamente el siglo pasado, encontraremos presidentes excesivamente fuertes, tanto en el porfiriato, como durante la permanencia del partido hegemónico (PRI).
La consolidación de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario institucional, partió de la figura misma del Presidente, incluso se llego a reconocer por algunos autores, la existencia de facultades metaconstitucionales, es decir que iban más allá de lo que les permitía en la constitución.
Bajo está premisa, es claro que los canales de control de poder se encontraban casi nulificados, el Poder Legislativo que era controlado por el partido gobernante ejercía facultades de control como meros actos protocolarios; el poder judicial tampoco lograba consolidar su fuerza ante presidentes que tenían el monopolio del poder político.
La concentración excesiva del poder terminó por desgastar demasiado a los detentadores de este, razón por la cual el partido hegemónico debió empezar a ceder ciertos espacios que permitieran cimentar una verdadera democracia en un país que un partido dominaba casi todos los espacios públicos.
Por eso los grandes cambios democráticos en México empiezan a darse a finales del siglo pasado, cuando la legitimidad democrática ya no alcanzaba para sostener un sistema político en el que el Presidente no tuviera contrapesos que permitieran contener el poder.
Ello explica las reformas políticas que desembocan en mayores espacios para la oposición en el poder legislativo, en la construcción de instituciones denominadas Órganos Constitucionales Autónomos y por supuesto la reforma zedillista que hace renacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayores facultades, todo con animo de ejercer mayores y mejores mecanismos que controlen y eviten el desbordamiento del poder del Titular del Ejecutivo.
Los Órganos Constitucionales Autónomos han ido proliferando e incluso han transformado la configuración política del país, por un lado se reconocen como instituciones altamente técnicas y que para el mejor desarrollo de sus funciones han tenido que venir a evitar cualquier contaminación de “la política”.
Por ello el primero en nacer es el Banco de México, para que la política monetaria no se decida a contentillo del Presidente y atendiendo lógicas meramente electorales; seguido por el extinto Instituto Federal Electoral que permitiera garantizar que un presidente emanado de un partido político, contara los votos para decidir a los ganadores, y en ese orden nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que revisa que el Estado no violente los derechos de los individuos.
La lista de los órganos Autónomos, es grande, además de los ya mencionados, contamos con un Instituto Nacional de Geografía y Estadística que garantiza que contemos con datos confiables en cuanto a la medición, Instituto Federal de Telecomunicaciones que garantiza el uso eficiente del espectro radioeléctrico (y evita que las concesiones de radio y TV sean dadas al compadre), la Comisión Federal de Competencia Económica que vigila el desarrollo del mercado en México, un INAI que permite garantizar el derecho a la transparencia de los ciudadanos, también destaca a Fiscalía y el que no termina por nacer CONEVAL, para medir sin tintes políticos la pobreza.
La creación y desarrollo de estos Órganos Autónomos, cambió por completo la configuración política del país, logro construir de un hábitat democrático que impidiera que el Presidente volviera a concentrar excesivamente el poder, logro equilibrar en mayor medida y por ende contener la fuerza de un Ejecutivo que siempre añorará por regresar a sus años de apogeo.
Desde hace tiempo, el presidente ha dejado ver su intención de suprimir estos órganos autónomos, el argumento central es que son “muy onerosos”, pero también son “muy neoliberales”, ya amenazó con una reforma administrativa que regrese esas funciones al Ejecutivo y la electoral enviarla al Poder Judicial.
La lógica de una reforma administrativa, debe caminar en sentido de mejorar y de eficientar los procesos de gobierno, así como garantizar eso que algunos autores llaman el derecho humano a una buena administración pública, pero la reforma que se plantea en el tintero pretende centralizar el poder y alterar el ecosistema institucional que es la base de la democracia mexicana.
Hoy sin duda alguna esta en debate el control al poder, pero no se debe perder de vista que evitar el desbordamiento del poder, sirve para legitimar las decisiones del poder y como garantía de los derechos del ciudadano; alterar el ecosistema a través de la eliminación de los autónomos en este momento de la vida política del país, solo abre la puerta a que el poder se sienta incontenible y el único afectado será el ciudadano.
Nadie dice que los Órganos Autónomos sean perfectos, pero sus logros saltan a la vista de todos, eliminarlos, podría propiciar que perdamos ciertos logros que la normalidad del día a día, nos impide valorarlos.
