Por venganza política y las diferencias que tienen algunos diputados con el perfil de Cecilia González Gordoa es que se ha rechazado en repetidas ocasiones su propuesta como candidata a magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, situación que podría tener serias consecuencias para la operación del organismo pues, con estas dilaciones, también se está atentando contra la operación del propio tribunal.
En dos ocasiones, los diputados han rechazado la terna presentada por el Gobierno del Estado en donde se incluye a Cecilia González como candidata a magistrada del TEJA; en la primera ocasión aseguraron que la postulada no cumplía con los requisitos de elegibilidad, sin embargo, luego se demostró que dicho argumento era improcedente pues la también directora del DIF Estatal entregó en tiempo y forma los documentos solicitados, además de que demostró tener la capacidad y formación necesarias para desempeñarse en el cargo.
Para la segunda ocasión, los diputados cambiaron el argumento. Aseguraron que Juan Ramiro Robledo, quien se había venido desempeñando como magistrado, no había presentado su renuncia por lo que no había vacante. Sobre este tema, el propio Juan Ramiro aclaró que su salida del TEJA ya era oficial pues, como se recordará, aparece en la lista del Partido Morena para ocupar una curul federal por la vía plurinominal.
Conforme ha pasado el tiempo, en el Congreso del Estado ha cobrado fuerza la versión de que el rechazo a Cecilia González es una venganza política pues, entre las principales opositoras aparece la diputada Bety Benavente quien, aseguran, públicamente ha reconocido la aversión que le tiene a la directora del DIF porque, supuestamente, la trató mal hace algunos años y, ahora, estaría exigiendo la magistratura como pago a su «sacrificio» en la contienda electoral de 2018, cuando participó como candidata a la presidencia municipal de San Luis Potosí.
El retraso que se ha registrado en este tema podría afectar la operación del TEJA pues, con la salida de Juan Ramiro, la institución podría quedar incompleta por la negligencia y las omisiones de los legisladores.
