Una semana después de ser liberados, los 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa fueron nuevamente detenidos, generando controversia y acusaciones de injusticia. La información inicial sobre la reaprehensión ha dejado en la incertidumbre a la defensa, ya que hasta el momento no se les ha informado sobre los delitos que se les imputan.
Los militares, ahora en la prisión del Campo militar 1 A, fueron detenidos nuevamente sin conocer los cargos en su contra. Alejandro Robledo, defensor de los militares, expresó su preocupación y calificó la situación como una posible «venganza política» y una detención injusta.
En una entrevista con Animal Político, Robledo señaló que espera que las autoridades informen a la defensa sobre los nuevos cargos en las próximas horas. Cabe destacar que, a pesar de que se les pidió presentarse voluntariamente, tres de los militares fueron detenidos al cumplir con la medida preventiva de firmar, según lo establecido al liberarlos anteriormente.
Según informes de La Jornada, los militares enfrentarán cargos de delincuencia organizada. Originalmente, habían sido detenidos por acusaciones de desaparición forzada en relación con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La situación ha resaltado la fragilidad de los casos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que ha enfrentado críticas por la falta de pruebas y la caída de casos judiciales recientes. La jueza Ivette Duarte Cedillo ordenó la liberación de los militares debido a la insuficiencia de pruebas y al cambio en las condiciones que justificaban la prisión preventiva.
Este caso se suma a otros recientes descalabros judiciales, como la liberación del abogado Juan Collado por falta de pruebas de lavado y crimen organizado. Estos eventos han llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador a acusar al poder judicial de estar «podrido» y al servicio de una «minoría rapaz», generando un debate sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en México.
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