Han pasado apenas 15 días, y los presidentes municipales de los 59 municipios del territorio potosino han comenzado una serie de forcejeos con sus antecesores. Algunos preparan venganzas o se encaminan a pagar apoyos que recibieron de grupos delictivos.
En medio de la transición, en ciertos municipios se ha incrementado la violencia. Algunos afirman que son reacomodos locales de los grupos delictivos, derivados de la disputa por el control del cártel de Sinaloa entre «Los Chapitos» y «Los Mayos».
Por si fuera poco, también se habla de la incursión de un grupo venezolano conocido como «El Tren de Aragua», dedicado casi exclusivamente a la trata de personas y al tráfico de migrantes.
Las alarmas se encendieron a finales de septiembre en territorio potosino. La quema de tráileres en la carretera 57, en el tramo San Luis-Matehuala, y el ataque a la Guardia Civil en la zona de Matehuala y Cedral, fueron indicios de la llegada de un violento grupo que presionó a los grupos locales y a las autoridades.
De acuerdo con fichas informativas de la SEDENA, se tiene registro de al menos una docena de alcaldes que mantienen relaciones abiertas con grupos delictivos. Estos alcaldes ceden a sus demandas en la designación de funcionarios en áreas de seguridad, comercio, obras públicas, catastro y, en algunos casos, hasta en la tesorería.
Curiosamente, en San Luis Potosí son los alcaldes de oposición quienes, sin recato, se reúnen con representantes de estos grupos. En el caso de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud fue señalado desde su campaña como aliado de la delincuencia organizada, protegido por la Guardia Nacional. Periodistas locales recuerdan que, cuando intentaron venderle publicidad, los mandó a arreglarse con «esos señores». La mayoría declinó la oferta.
Este personaje se hizo viral por «encarar» a la Guardia Civil hace algunos días en su municipio. En algunos arranques de falso valor, asegura que lo protege el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien presume tener influencias con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
En San Vicente, Tancanhuitz y Huehuetlán, desde hace años los alcaldes se asocian con delincuentes. Una de las historias más sonadas fue la del famoso «Gacela», quien utilizaba vehículos oficiales de las presidencias municipales y decidía quién recibía obra pública y a quién se castigaba.
Fueron los tiempos más violentos que ha vivido San Luis Potosí durante el «Toranzato», cuando el mismísimo Fernando Toranzo salía de cacería con los legendarios líderes del cártel de Los Zetas: «El Lazca», el «Z50» y el «Hummer».
Fue en ese tiempo, alrededor de 2011, cuando Los Zetas se dieron el lujo de ejecutar a un agente del ICE, Jaime Zapata, en la carretera Santa María del Río – SLP.
Con Juan Manuel Carreras, las cosas no cambiaron mucho. Tanto él como Alejandro Leal, su secretario general, ordenaban al entonces secretario de seguridad que recogiera su parte del botín, consistente en dinero en efectivo, el cual era entregado directamente a Leal Tovías, quien, supuestamente, lo repartía con el gobernador Carreras. El secretario de seguridad quedaba al margen de las ganancias.
En el primer tramo del «gallardato», algunos alcaldes quisieron pasarse de listos, y otros buscaron protección directamente de altos dirigentes de Morena, especialmente de Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y hoy secretaria de Gobernación.
Rosa los recibía en su despacho, se tomaban fotos y eso bastaba para que en sus administraciones hicieran lo que quisieran.
Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, se observa que la estrategia de seguridad aún no ha aterrizado. En los pueblos, todo el mundo sabe quién es quién. Las víctimas del delito, las extorsiones y los cobros de piso afectan a todos, sin distinción de edad, religión, militancia política o color de piel. Quien no paga con dinero, paga con golpizas, torturas o la propia vida.
Es urgente que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, implemente su estrategia antes de que el país entero caiga en manos del crimen organizado, cuyos mandatos el pueblo obedece sin cuestionar.
Cuanto más tarde el nuevo gobierno en actuar, mejor para los delincuentes.
P.D.1.- El expresidente municipal de Matehuala, Víctor Mendoza, se ha infiltrado en el equipo del recién llegado alcalde Raúl Ortega. Víctor logró colocarse en la nómina municipal en un cargo menor en el DIF, pero está pegado al alcalde como garrapata. Según los rumores, busca utilizar a Ortega para cobrar venganzas personales. Allá el edil, si se deja llevar hacia terrenos peligrosos.
P.D.2.- Parece que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, está listo para la reconfiguración del INTERAPAS. Está enviando a un peso pesado como Jorge Daniel Hernández Delgadillo. El exsecretario del Ayuntamiento es un hombre de carácter firme, mano izquierda y lealtades probadas. El futuro del manejo del agua en SLP se ve interesante.
P.D.3.- En la Huasteca, los hoteleros están pasándose de listos. Aumentaron las tarifas a partir de este fin de semana. Que alguien los llame al orden. Sale más barato ir a Cancún que a la Huasteca, considerando que además las casetas de peaje también están «carísimas».
P.D.4.- Con el frente frío número cuatro, queda formalmente inaugurada la temporada de mezcales y tequilas. ¡Saludcita!
