Después de llegar a su límite, oprimidos y acosados, trabajadores del INAH no tienen más remedio que tomar acción y protesta en busca de la renuncia del delegado del instituto. Con este antecedente, esta mañana el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunciaba que los restos arqueológicos de Huapalcalco, en Hidalgo, habían sido vandalizados con grafitis, desencadenando la indignación del Instituto, que anunció acciones legales contra los responsables.
El acto de protesta dejó marcados con la leyenda «Fuera Osvaldo» los monumentos, en aparente referencia a Osvaldo José Sterpone, delegado del Centro INAH Hidalgo. Este acto levanta preguntas sobre las motivaciones detrás del vandalismo, ya que se produce en medio de manifestaciones pacíficas de los trabajadores del INAH que denuncian violaciones a sus derechos laborales. Incluso podría pensarse que este acto fue implantado con el fin de poner a los manifestantes sobre hielo débil.
El comunicado del INAH, que se difundió en redes sociales, mostró imágenes impactantes de los restos arqueológicos rayoneados. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre los responsables, generando incertidumbre sobre la autoría.
Un día antes de este incidente, los trabajadores del INAH en Pachuca, Tula y Tulancingo realizaron manifestaciones para denunciar violaciones a sus derechos laborales. Estas protestas fueron pacíficas y se llevaron a cabo en sus lugares de trabajo, con precauciones para evitar afectar áreas cercanas.
Los manifestantes acusan acoso, violencia y precariedad laboral, exigiendo la renuncia de Osvaldo Sterpone. En particular, en Huapalcalco, denuncian la falta de seguridad que deberían tener las zonas de monumentos, y este vandalismo parece confirmar sus preocupaciones.
Aunque el INAH no ha identificado a los responsables, ha dejado claro que emprenderá acciones legales, iniciando investigaciones en cumplimiento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En el comunicado, el INAH condena el acto de violencia, destacando que no hay justificación para dañar un bien de utilidad pública.
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