A un mes de que se hiciera público el caso del anestesiólogo Gustavo Aguirre, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra de fentanilo, la situación se complica aún más. El juez de control Alfonso Olachea Aragón, del Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California, ha dictado prisión preventiva para Gustavo Aguirre. El anestesiólogo, quien compareció a la audiencia por videoconferencia, tiene un plazo de 36 horas para internarse voluntariamente en el penal de La Paz, donde esperará a que se determine si será vinculado a proceso.
El motivo de la detención de Aguirre es la posesión con fines de suministro de drogas, incluyendo fentanilo, morfina y efedrina. Además, en el cateo realizado en su domicilio se encontró Tetrahidrocannabinol (THC), una sustancia derivada de la marihuana procesada, lo que también ha llevado a acusaciones por delitos contra la salud debido a la posesión de esta sustancia.
El anestesiólogo ha sostenido que compró legalmente ampolletas de fentanilo con fines médicos, especialmente debido a la escasez de este medicamento en el país. Agregó que la compra se realizó con una receta médica válida y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) avaló la transacción. A pesar de estas aclaraciones, la FGR confiscó todo su material médico y clausuró su residencia.
La defensa de Gustavo Aguirre solicitó una duplicidad de término para que el juez pueda tomar una decisión sobre su situación legal. La audiencia se reanudará el 5 de septiembre, momento en el que se presentarán pruebas a favor del anestesiólogo.
Este caso ha planteado interrogantes sobre la aplicación de la ley en México, ya que cuestiona si la compra legítima de medicamentos por parte de profesionales de la salud debería ser tratada como un delito. Aguirre, quien argumenta que su trabajo es salvar vidas, se encuentra en una situación incierta mientras espera la resolución judicial que determinará su destino.
