De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, las mujeres en el país tienden a percibir menores ingresos en comparación con los hombres y su situación de pobreza aumenta cuando dedican más tiempo a tareas no remuneradas; en adición, el último informe de pobreza del Coneval revela que 24.8 millones de mujeres no cuentan con ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios básicos. Tener en cuenta las desigualdades y las brechas de género ayuda a mejorar el diseño de la política presupuestal.
Las personas más pobres son las más afectadas por las decisiones presupuestales; los programas sociales representan un porcentaje significativo de sus ingresos familiares. Al incorporar el enfoque de género los presupuestos públicos permiten conocer cuál es el impacto diferenciado entre mujeres y hombres y promover de manera efectiva la igualdad de género y la realización de derechos.
Los abundantes estudios que abordan los presupuestos sensibles al género refieren que son una herramienta valiosa ya que permiten a los gobiernos asignar y aplicar mejor los recursos de forma más inclusiva; incorporan criterios de género en los procesos y herramientas de la planificación y finanzas públicas; promueven procesos de transparencia y de rendición de cuentas; muestran el compromiso real de los Estados con la agenda de género y aspiran a reducir las brechas que tiene consecuencias positivas en el crecimiento económico.
El 35% del total de los hogares del país (13.3 millones) están encabezados por mujeres contra quienes se levantan barreras estructurales que les impiden acceder en igualdad de oportunidades a la educación, servicios de salud, empleo, capacitación y acceso al crédito. Aquí es donde el presupuesto actúa mediante niveladores para reducir las brechas.
Los esfuerzos y avances institucionales de México en la materia han sido reconocidos por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o Naciones Unidas. El gobierno federal comenzó a asignar recursos a través del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEGIM) dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2006 y a partir del año 2016 se formalizó el vigente Anexo 13.
El gasto aprobado por el legislativo para el año 2024 contempla 409 mil millones en este Ramo que representa el 4.51% del total del presupuesto federal. Un notable incremento respecto de años previos que tiene una explicación: ahí se concentran programas que no necesariamente se dirigen a promover específicamente la igualdad de género, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que constituye el 61.5% del Anexo 13.
La insuficiencia de datos estadísticos desagregados por sexo incluidos en el Anexo configura un sesgo al momento de consolidar acciones y políticas públicas dirigidas a impulsar la igualdad de género; tampoco ofrece respuestas a las demandas de la agenda feminista, mucho menos encadena los esfuerzos institucionales orientados a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
Un presupuesto con perspectiva de género busca crear un sistema a través del cual los gobiernos rindan cuentas sobre cuántos recursos se asignan para acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, pero sobre todo, incidir en transformar las condiciones y calidad de vida de nosotras, ello no puede esperar.
@ClauCorichi
