El secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, desplegó el “Operativo Enjambre” en el Estado de México, con un saldo de siete detenidos, entre ellos una presidenta municipal, y un policía muerto, quien se suicidó con su arma de cargo cuando los agentes federales intentaron arrestarlo.
El operativo trae un mensaje claro y contundente: Harfuch va por los funcionarios públicos que faciliten la operación de grupos del crimen organizado. La limpieza comenzó por casa (el Estado de México) para que luego no lo acusen de perseguir a los gobernadores de oposición.
En San Luis Potosí, es un secreto a voces que hay alcaldes que le deben el cargo a grupos delictivos o generadores de violencia, como se les dice ahora.
No se trata de investigaciones profundas de la Fiscalía General de la República, de la policía de investigación o de alguna otra instancia. Son los propios ediles quienes presumen su poder respaldado por tal o cual cártel.
En territorio potosino se sabe que operan al menos seis cárteles: lo que queda de Los Zetas, Los Mayos, el CJNG, el CDG, Los Alemanes y el Cártel Unido de la Huasteca. En los reacomodos o detenciones de líderes surgen nuevos grupos, pero operan localmente, robando, asaltando o secuestrando.
Cuando llega un grupo grande a disputar la plaza, los reclutan, se alían o se matan. Las leyendas locales hablan de cómo, cada vez que un grupo llega a un municipio, se apodera de las policías municipales, las reúne, les pasa lista, les da nuevas indicaciones y no hay quien se rebele. Si alguien se atreve, es ejecutado en el acto.
De los alcaldes que comenzaron su administración el pasado primero de octubre, al menos 10 son conocidos por su ostentación de poder y sus vínculos con los jefes de plaza.
Hay alcaldes que desayunan, comen y cenan con los criminales, y hasta retan al gobierno cuando hay algún conflicto.
Otros hacen apuestas presumiendo que el grupo al que pertenecen es el más fuerte, y es en esas organizaciones donde fincan su futuro político, no en los partidos ni en los proyectos que nacen con intenciones de gobernar.
Por lo pronto, la detención de media docena de directores o secretarios de seguridad pública municipal deja un mensaje claro: sean o no posiciones del crimen organizado, están en la mira.
En cuanto al arresto de la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., el mensaje también está claro: el secretario de Seguridad Pública Federal hará un barrido general.
En San Luis Potosí, algunos piensan que tienen fuero, pero no es así. Hace varias legislaturas, a los diputados les entró la calentura y se lo quitaron. Así que, alcaldes y diputados locales, secretarios o directores de seguridad pública municipal, pongan sus barbas a remojar.
P.D.1.- La camaradería que han demostrado en los últimos meses el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo está dando mucho de qué hablar entre la comentocracia política. Pero lo que desbordó todos los cerebros de los analistas fue, sin duda, que el alcalde Galindo regalara boletos para el concierto de Luis Miguel, cortesía del mandatario verde. ¡Zas!
P.D.2.- Hay un enano que anda buscando tres pies al gato. Se trata del presidente municipal de Rioverde, Arnulfo Urbiola. El hombre está aferrado a violar lo que tenga que violar —incluida la sentencia del Tribunal Electoral— para evitar que rinda protesta como regidor Salvador López. O le ponen un alto, o al rato todos los alcaldes van a estar pasándose por el arco del triunfo todas las disposiciones legales, incluidas las del Gallardato.
P.D.3.- La senadora con licencia Vero Rodríguez trae manga ancha y billetera rebosante para comprar los votos que le permitan mantenerse en la dirigencia del PAN. «No es aconsejable llegar al poder mediante la fuerza», dice Maquiavelo.
P.D.4.- Yolanda Cepeda se está aplicando en lo que le toca como secretaria de Turismo. Nos asegura que hay, por lo menos, dos expedientes de municipios que buscan la declaratoria de Pueblos Mágicos. ¡Que se haga!
Hasta la próxima.
