La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la constitucionalidad de una reforma al Código Civil de la Ciudad de México, que impide que el aumento anual de rentas de inmuebles destinados a vivienda supere el índice de inflación del año anterior. El máximo tribunal constitucional rechazó el amparo que promovió la empresa Urbanhub México y validó el artículo 2448-D, introducido por la legislatura capitalina en agosto de 2024.
La decisión fue avalada por ocho ministros presentes quienes coincidieron en que la medida tiene una finalidad constitucional válida y busca proteger el derecho a una vivienda digna.
La ley aprobada para la Ciudad de México podría replicarse en estados con alto indice de población y en los que se presentan este tipo de problemáticas sobre el precio de las rentas.
¿Qué establece el nuevo límite?
La reforma establece que los arrendadores no podrán incrementar la renta anual por encima del porcentaje de inflación oficial registrado el año anterior. Por ejemplo, si la inflación de 2025 fue del 3.69 por ciento, una renta mensual de 10 mil pesos solo podrá ajustarse hasta 369 pesos en su siguiente renovación anual.
¿Cuáles serán los beneficios?
Durante la sesión, el presidente de la SCJN y ponente del caso, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la validez de la reforma, aseguró que la normativa busca asegurar la accesibilidad de la vivienda en arrendamiento y frenar aumentos desproporcionados que provocan desplazamiento de residentes, un fenómeno asociado a la gentrificación urbana.
La ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que en las últimas dos décadas el valor del suelo en la capital se incrementó hasta 800 por ciento, lo que dificultó el acceso a la vivienda y redujo la proporción de propietarios frente a inquilinos.
Organizaciones y especialistas señalan que, si bien la medida frena la velocidad de los aumentos, no resuelve estructuralmente los problemas de escasez de vivienda ni acaba con todos los efectos de la gentrificación. Algunos analistas advierten que el tope podría incentivar la oferta de contratos de corto plazo o mayores precios de salida en nuevos arrendamientos, sin atacar la raíz de la presión sobre el mercado inmobiliario.
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