La mañana de este lunes 29 de noviembre, la licenciada Teresa Carrizales, en compañía de Gabriel González Orocio, presidente de Potosinos por la vida y otra representante de asociaciones civiles provida, presentaron ante los medios de comunicación su intención de hacer una denuncia formal contra Marcela García, actual titular del Instituto de las Mujeres, debido a su abierto apoyo en la lucha por el aborto en nuestro estado. La solicitud de intervención y, en su caso, destitución o formalización penal contra la funcionaria, la presentaron ante el gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
Según la exposición de Teresa Carrizales, el día 28 de septiembre de 2021, en la página y en las redes sociales oficiales del Instituto de las Mujeres se han promocionado eventos como conferencias en los cuales, según apuntó, se expuso abiertamente la postura que las servidoras públicas tienen a favor del aborto. En el juicio de Carrizales y de los representantes de las asociaciones civiles que la acompañaban, este posicionamiento y el tratamiento que se les da desde la comunicación institucional pareciera ser la postura oficial del instituto, del gobierno, y no personal de quienes exponen o laboran ahí.
“Tienen los pañuelos verdes, si ustedes se dan una vuelta, los tienen colgados dentro del instituto, en los balcones, como si eso fuera una postura oficial. Eso está en contra de todo derecho porque habemos mujeres que no nos sentimos representadas en esa lucha, sin embargo, no hemos sido convocadas, ni estas asociaciones”, señaló.
Ante este hecho, la abogada señaló que “aquí lo grave no es la lucha aborto legal o no, sino que el aborto, hoy por hoy, les guste o no les guste, el aborto es un delito. Nuestro código penal lo sigue estipulando como un delito. El hecho de que una funcionaria pública, encargada de un instituto como el de las mujeres, con recurso público, ande de gira en todos los lugares promoviendo el aborto es que está promoviendo un delito. Eso se llama apología del delito, y eso es algo que se juzga en una fiscalía”.
Para apoyar su punto, Carrizales citó las palabras del gobernador, expresadas recientemente tras la controversia por la destitución de otro servidor público, para acusar también las acciones de la titular del instituto y pedir que se tome la misma medida que con el otro servidor. “No creo yo, o no quiero creer que el señor gobernador apoye esto”, afirmó al hablar sobre la visión que se ha tenido sobre la lucha por el aborto desde el instituto.
Para finalizar, añadió que el tema del aborto no compete a una funcionaria pública ni al gobernador si no, en todo caso, al legislativo, por lo que solicitó coherencia en el actuar de ambas partes.
Las demandas que estos representantes de asociaciones civiles provida, encabezados por la licenciada Teresa Carrizales, fueron dirigidas al gobernador del estado para que observe y solucione la situación, que reivindique su postura la funcionaria y que convoque también a las asociaciones provida. Pues al ser el gobernador del estado, debe tomar las medidas necesarias para atender esta situación, inclusive si eso implica la formalización penal, al ser aún en nuestro estado el aborto un delito.
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