En una reciente declaración de la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, se advirtió sobre una supuesta amenaza para la seguridad nacional debido a una posible anulación de la prisión preventiva. Sin embargo, el colectivo de abogados Pena Sin Culpa ha desmentido estas afirmaciones y ha proporcionado claridad sobre el tema.
Alcalde expresó preocupación ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el artículo 19 constitucional y ordene a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio. Esta preocupación se basó en un proyecto del ministro Pardo Rebolledo en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana en el caso «García Rodríguez y otros vs México».
Sin embargo, según el colectivo de abogados, la sentencia de la Corte Interamericana no propone anular la prisión preventiva, sino que busca que los jueces la apliquen de manera razonable y justificable, evitando su aplicación automática y permitiendo audiencias públicas para analizar los datos objetivos.
El caso «García Rodríguez y otros vs México» data de 2002, cuando Daniel García García fue detenido por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora del ayuntamiento. Tras 17 años en prisión preventiva, García García recibió una sentencia de 35 años en 2022, la cual fue apelada y llevada a la Corte Interamericana.
La sentencia de la Corte Interamericana, obligatoria e inapelable desde 2023, establece la responsabilidad internacional de México por violaciones al debido proceso y a la libertad personal en el caso. Esto ha llevado a la discusión sobre la necesidad de reformar la aplicación de la prisión preventiva en el país.
El colectivo Pena Sin Culpa enfatiza que la posible reforma no implicaría una liberación masiva de presos, como se sugirió de manera irresponsable, sino un proceso más justo y basado en evidencias. Además, señalan la preocupación por el número significativo de personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, lo que subraya la importancia de revisar y mejorar el sistema judicial en México.
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