El Poder Judicial del Estado enfrenta una crisis operativa tras la jubilación masiva de jueces y personal administrativo, lo que ha generado un déficit de trabajadores en distintas áreas y una mayor carga laboral para quienes permanecen en funciones.
De acuerdo con el presidente del Poder Judicial, Arturo Morales Silva, cerca del 50 por ciento de los jueces han optado por su retiro, lo que ha provocado vacantes en aproximadamente 20 a 25 espacios. Sin embargo, debido al proceso electoral en curso, el Consejo de la Judicatura no puede emitir convocatorias para la selección de nuevos jueces, lo que ha agravado la falta de personal.
El problema no solo afecta a los jueces, sino también a secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y capturistas, quienes han decidido jubilarse, lo que dificulta aún más la operatividad del sistema judicial. Se espera que, a partir de septiembre, los espacios vacantes puedan ser cubiertos, con lo que se busca normalizar el servicio judicial en el estado y garantizar la correcta administración de justicia.
Para hacer frente a esta crisis, se ha solicitado apoyo financiero a la Secretaría de Finanzas con el fin de cubrir los pagos de retiro del personal. Mientras tanto, algunos juzgados han recurrido a los secretarios de acuerdos para que asuman funciones adicionales, lo que representa una carga de trabajo extra.
En regiones como Ciudad Valles, aunque la mayoría de jueces y secretarios siguen en funciones, las ausencias de proyectistas y secretarios de acuerdos han ralentizado el ritmo de trabajo, generando retrasos en la resolución de expedientes.
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