Desde hace 21 años que se conmemora el Día Internacional Anticorrupción, el 9 de diciembre se revisa el estado y los avances contra esa práctica dañina para la convivencia social, el estado de derecho y la solidez institucional. En este año la campaña de Naciones Unidas se centra en el papel que desempeña la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus consecuencias en las comunidades.
La corrupción frena el progreso social y afecta principalmente a los sectores más vulnerables y excluidos, quienes se ven atrapados en la telaraña que perpetúa su práctica. En no pocas ocasiones se pasa por alto y se hace oídos sordos a delitos que más efectos perjudiciales tiene para esos entornos como la sextorsión, las redes de corrupción en oficinas públicas, la petty corruption (corrupción de funcionarios públicos de menor nivel que involucra cantidades pequeñas de dinero), el fraude y la desigualdad en el acceso a la justicia.
Debido a los costos de la corrupción, los sectores sociales en situación de pobreza tienden a padecer más que aquellos con mejor situación económica. Una razón es que para los ricos es más fácil acudir al soborno o a la colusión para evadir trámites, obtener permisos o licencias o realizar negocios. El acceso a la justicia corre la misma suerte para mujeres pobres que se ven expuestas a redes corruptoras. Mientras las políticas públicas no mejoren la calidad de vida de la gente de estos estratos, seguirán bajo las mismas condiciones de marginación.
La corrupción es un factor importante de la inequitativa distribución del ingreso, que influye en el bajo crecimiento económico. En su más reciente libro Por una cancha pareja… Roberto Vélez y Luis Monroy-Gómez Franco presentan hallazgos esclarecedores sobre cómo el origen de una persona (su pertenencia a un entorno urbano o rural o a una familia de recursos escasos) determina en buena medida su futuro.
Señalan que al menos 50% de la desigualdad económica en México se debe justo a esas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen control lo que se traduce en una baja movilidad social. Los investigadores concluyen que, si alguien nace en el escalón más bajo de la distribución económica, la probabilidad de que no supere la condición de pobreza es de casi 75%. La desigualdad entonces es uno de los efectos más visibles de la corrupción.
El combate a la corrupción exige el concurso de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para alcanzar resultados satisfactorios. El 26 de noviembre el Senado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que redefine las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que a partir de enero será conocida como Anticorrupción y Buen Gobierno. En la misma sesión se autorizó la extinción de organismos autónomos como el INAI cuyas facultades ahora pasan a la referida secretaría.
La confianza ciudadana en las instituciones y el quehacer gubernamental es especialmente relevante para atacar las prácticas asociadas a la corrupción. El ejercicio del gasto público, la rendición de cuentas y las sanciones ejemplares pueden contribuir a restañar esa confianza y a disminuir las desigualdades sociales.
@ClauCorichi
