El gremio de piperos prepara una movilización contra la Ley General de Aguas. Tras su reciente implementación en San Luis Potosí, el gremio de piperos ha organizado una manifestación de gran escala para el próximo viernes 6 de febrero, con el fin de exigir claridad ante lo que consideran un acoso administrativo y legal por parte de las autoridades federales.
La concentración, pactada para las primeras horas de la mañana en la vía Matehuala-San Luis Potosí, busca confrontar directamente a los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a los legisladores potosinos en el Congreso de la Unión. Los transportistas señalan que ya se han registrado clausuras de pozos sin previo aviso, dejando en la incertidumbre a cientos de familias que dependen de esta actividad.
Desde la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC), se ha manifestado una profunda preocupación por la falta de transparencia en la transición hacia el nuevo modelo hídrico. El sector critica que las modificaciones aprobadas en diciembre de 2025 endurecieron las reglas de operación sin ofrecer acompañamiento técnico.
Entre las principales quejas destaca la imposibilidad de transferir concesiones, ahora bajo el control total de la Conagua, y el temor a las multas excesivas. Estas sanciones, calculadas en Unidades de Medida y Actualización, podrían llevar a la quiebra a los pequeños permisionarios, con montos que alcanzan cifras sumamente elevadas por faltas consideradas graves.
Por su parte, el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, se mostró a favor de que el sector hídrico cuente con reglas claras y ordenadas. Sin embargo, lamentó que quienes aprobaron la reforma no hayan regresado a sus distritos para explicarla.
El titular del Ejecutivo enfatizó que es responsabilidad directa de los integrantes de la Cámara de Diputados acudir a las zonas rurales y con los sectores productivos para detallar los requisitos que ahora deben cumplir. Para Gallardo, el hecho de que los ciudadanos desconozcan las nuevas obligaciones legales sugiere que incluso quienes votaron a favor podrían no comprender a fondo el alcance del documento legislativo.
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