Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, lucha por su vida y enfrenta las complicaciones derivadas del covid-19, mientras San Luis Potosí arde por la creciente ola de inseguridad, violencia y ejecuciones, los funcionarios que quedaron a cargo de la seguridad y el bienestar de los potosinos prefirieron irse de fiesta y desatenderse por completo de sus responsabilidades.
Al no haber quien ponga orden ni disciplina, la mayoría de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública han abandonado sus obligaciones. Fuentes al interior de la dependencia señalan que, desde que Pineda tuvo que separarse de sus funciones directores como el de Comunicación Social, Pablo Ávalos, no se han parado, ni por error, en su oficina.
El olvido en que estos funcionarios tienen a San Luis Potosí queda de manifiesto en la anarquía que prevalece, por ejemplo en los penales, pues el director de Prevención y Reinserción Social tampoco ha implementado acciones ni siquiera para atender las recomendaciones emitidas por autoridades internacionales para combatir los autogobiernos o garantizar el bienestar de los internos.
Desaparecido también se encuentra Armando Oviedo Abrego, quien sigue percibiendo un sueldo puntual por ocupar el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y ser vocero de Seguridad del Gobierno Estatal quien es recordado por haber tenido la grandiosa idea de crear una cuenta en Facebook como estrategia de seguridad, la cual, obviamente, fracasó.
Dado que el comisario Carlos Arturo Landeros ha tenido que asumir las funciones de Pineda, de una u otra forma ha desatendido las que le correspondían como director general de Seguridad Pública, situación se ha traducido en una ausencia total de elementos y operativos eficaces en todo el estado pues, tal como los mismos ciudadanos lo pueden confirmar, ya no se ven patrullas de la Estatal o de la Metropolitana en las calles, además de que ha empeorado considerablemente la atención que se brindaba a la población en los números de emergencia.
Mientras que San Luis arde por la creciente comisión de delitos, mientras Pineda lucha por recuperarse, sus subordinados le han entrado con ganas a la flojera, sin importarles las consecuencias que esta omisión pueda tener en perjuicio de la ciudadanía. Lamentablemente, tampoco se ven intenciones por parte de Gobierno del Estado para tomar cartas en el asunto y restablecer el orden en una de las dependencias que más necesita San Luis Potosí.
