No quiero ser la cuarta periodista asesinada del 2022; lamentó la comunicadora potosina Ana Dora en su búsqueda de justicia y protección luego de que, en 2021, fuera violentada por un excandidato a la gubernatura de San Luis Potosí y un reportero local.
En reunión con diputados del Congreso del Estado, Ana Dora insistió en la necesidad de que se atienda su caso y se ponga un alto a la revictimización que han hecho diversas instancias públicas, algunas de las cuales, por su propia naturaleza, tenían la obligación y responsabilidad de protegerla, sin embargo, han preferido hacer mutis ante la evidencia.
«Me violentaron, atentaron contra mi vida, contra mi dignidad, de mi vida personal. Destrozaron toda mi vida en tres minutos, en un video que sigue, hasta este momento, en la red, que ninguna autoridad ha querido bajarlo» afirmó la periodista al exponer las repercusiones que ha tenido esta situación para su trabajo y vida privada.
Ante esta situación, reiteró la necesidad de que se destituya a la diputada Gabriela Martínez Lárraga como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, ello, luego de que en redes sociales difundiera una imagen en la que dejó testimonio de una reunión que tuvo con el reportero agresor de Ana Dora. En la publicación agregaron la palabra «Amigos». La afectada refiere que, independientemente de las relaciones personales que la diputada pudiera tener fuera del Congreso, representa un serio conflicto que se reúna con su agresor, sobre todo porque tiene información confidencial sobre el caso y el proceso que se sigue sobre este tema.
De igual manera, la directora de Código San Luis, María Luis Paulín, se sumó a la petición, toda vez que la legisladora en cuestión es esposa de José Luis Romero Calzada quien, cuando fue diputado, también dirigió una agresión en contra de este medio de comunicación. En ese sentido, demandó la reapertura del caso y la investigación debida a fin de que pueda ser sancionado.
Tras las solicitudes, el diputado Eloy Franklin, integrante de la misma comisión legislativa, se comprometió a atender esta petición y buscar el curso legal que se le pueda dar a este tipo de hechos que violentan e impiden el libre ejercicio periodístico.
