La desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en San Luis Potosí marca el inicio de un proceso de transición en la estructura de transparencia y protección de datos en la entidad. Este cambio, impulsado por una reforma constitucional aprobada en la mayoría de las legislaturas locales, abriría la puerta a la creación de un nuevo organismo encargado de garantizar estos derechos.
La reforma al artículo 116 constitucional establece que las entidades federativas deberán definir, a través de sus propias constituciones, la competencia en materia de transparencia y protección de datos. Sin embargo, el modelo propuesto convierte a los órganos de control interno de los sujetos obligados en los responsables de resolver controversias, lo que ha generado críticas por la falta de imparcialidad al ser juez y parte en estos procesos.
Ante esta situación, la normativa reformada contempla la posibilidad de que los estados creen un órgano homólogo especializado en transparencia. En San Luis Potosí, se ha planteado la idea de establecer un Instituto Estatal de Transparencia, similar a un sistema integrado como el Instituto de Fiscalización del Estado, que incluiría a los 58 municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órganos autónomos.
El Congreso local tiene un plazo de 90 días para establecer la legislación secundaria que permita concretar este cambio, mientras que la CEGAIP seguirá operando hasta que el proceso legislativo concluya. Autoridades estatales y legislativas han expresado su disposición para construir un modelo que no solo garantice la transparencia, sino que también sirva como ejemplo para el resto del país.
Con esta transformación, San Luis Potosí busca reforzar la rendición de cuentas y proteger el acceso a la información pública, en un momento crítico para la confianza ciudadana en las instituciones.
