En su comparecencia con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, informó a los legisladores que debido a las repercusiones económicas motivadas por la pandemia de COVID-19, a la fecha se tiene un estimado de pérdida de 7, 870 empleos al corte de septiembre.
Al responder a los cuestionamientos de los diputados Mario Lárraga Delgado y Martha Barajas, señaló que el estado hasta el año 2017 mantenía una tasa de crecimiento importante en cuanto a generación de empleos, generando un promedio de 30 mil empleos en ese año; para el 2018 y 2019 se generaron entre 10 mil y 12 mil nuevos empleos, sin embargo las condiciones sanitarias en 2020 obligaron a la cambiar la dinámica de trabajo en todos los sectores.
Indicó que se espera que tanto en los últimos meses de noviembre y diciembre, como para el 2021 continúe una mejora en las condiciones de empleo, luego de que se tiene previsto la ampliación de vacantes en empresas como MABE con 1,200 empleos directos, y dos empresas del sector automotriz que estarían ofertando un aproximado a 600 empleos.
Detalló que por estas condiciones, San Luis Potosí es uno de los estados que se encuentran con menor afectación en cuanto a pérdida de empleos en la República Mexicana.
Respondió también a los legisladores, que durante la situación más grave por la pandemia, en que se estableció la disminución en la producción de empresas, se estuvieron recibiendo algunos convenios modificatorios acordados por empresas y sindicatos para la reducción de salarios en relación a la jornada laboral, a fin de mantener los empleos y el compromiso de regresar al pago completo cuando las condiciones sanitarias mejoraran, situación que se ha cumplido.
Además, dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estuvo dando respuesta a los trabajadores que acudieron a solicitar gestoría y orientación, por medio de una línea telefónica y por medio de correo electrónico.
En relación a la creación del Centro de Conciliación Laboral, el diputado Martín Juárez Córdova solicitó avances en cuanto a su operación, a lo que el funcionario indicó que se tiene previsto arrancar con este centro el próximo 18 de noviembre, y se arrancó con la convocatoria para los conciliadores.
Con esto, las juntas de conciliación cerrarán sus puertas para recibir demandas laborales y abrirán los Centros de Conciliación local y federal, y en los casos que no exista la conciliación, se establecerán también los juzgados laborales locales y federales dependientes de los poderes judiciales respectivos.
En cuanto a la reforma en materia laboral, indicó que al ser de los primeros estados que realizarán la implementación de la misma, el Gobierno Federal apoyará con su desarrollo y con una representación estatal del Centro Federal de Conciliación, que trabajará la parte colectiva, como emplazamientos a huelga, registros de sindicatos o contratos colectivos.
También habrá juzgados federales, en los casos que no haya algún convenio conciliatorio, para iniciar sus demandas laborales o emplazamientos a huelga por parte de las empresas.
En relación a los casos de emplazamiento a huelga, respondió al cuestionamiento de la diputada Paola Arreola e indicó que en este año se registraron un total de 28 al mes de julio, sin embargo ninguna llegó al estallamiento, debido a las labores que se realizaron de mediación y conciliación entre trabajadores, sindicatos y patrones.
Detalló que en 2015 se tuvieron 110 emplazamientos a huelga; en 2016 92; en 2017 76; en 2018 75; y en 2019 70, lo cual indica la mejoría en la comunicación entre el sector productivo para lograr acuerdos que permitan atender las demandas de uno y otro sector.
También respondió a la diputada Arreola Nieto, sobre el convenio que se acordó con la federación para brindar asesoría a los interesados en participar en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que opera totalmente el Gobierno Federal.
En lo relacionado a la educación dual, respondió al cuestionamiento de la diputada Rosa Zúñiga Luna y manifestó que se ha evolucionado mucho en cuanto a la vinculación entre los estudiantes y las empresas que participan en este modelo, el cual a la fecha mantiene un crecimiento importante en esta administración al pasar de 8 empresas en la anterior administración estatal, a 85 y beneficiando a cerca de 1800 jóvenes estudiantes de 7 instituciones educativas.
En cuanto a la respuesta a la recomendación 70/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lozano Nieto respondió al cuestionamiento de la diputada Alejandra Valdés y manifestó que en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se realizó el diagnóstico sobre la situación de los jornaleros agrícolas en los centros de producción agrícola en la zona altiplano, donde se conjuntaron acciones para tratar de erradicar la explotación laboral e infantil.
Indicó que en este sentido, también se realizó una revisión a los menores que laboran en semáforos, en donde no se descubrió que se trataran de casos de explotación infantil, sino que en muchas ocasiones eran menores acompañando a sus familiares en sus actividades.
A pregunta del diputado Eugenio Govea Arcos, Lozano Nieto indicó que de los 241 millones de pesos que tiene como presupuesto para este año, el 90 por ciento se utiliza en el funcionamiento propio de la dependencia, y se cuenta únicamente con un monto de 4 millones de pesos que se buscaban con la federación para el desarrollo de proyectos de apoyo al empleo; sin embargo, ante la desaparición del Sistema Nacional de Empleo, éste no ha podido ser aplicado en este año.
La diputada Patricia Silva Celis solicitó apoyo para buscar alternativas que permitan incrementar los salarios a los trabajadores, a lo cual el funcionario, indicó que se está trabajando con empresas y cámaras empresariales para brindar programas de capacitación que permitan a los trabajadores acceder a mejores niveles en sus empleos y con ello, contar con mejoras salariales.
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