La abogada María Teresa Carrizales Hernández presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en contra del alcalde con licencia Xavier Nava Palacios, por los delitos de abuso de autoridad, discriminación, violencia política, violencia de género y los que resulten.
En su escrito, Carrizales Hernández, solicitó que se inicié la investigación correspondiente y se realicen los actos y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima, y ante la presunción de la existencia de violencia política y de género en su contra, también solicitó a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que gire un oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que se “analice si existieron las conductas mencionadas y sancione conforme a derecho”.
Del mismo, pidió que se mande copia al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que analice “la posible comisión de actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas”.
En la narración de hechos, la víctima recordó que a pesar de contar con el nombramiento en regla de oficial del registro civil desde el gobierno torancista, hace más de un año fue desalojada por la policía municipal encabezada por el comisario Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, “quienes me lesionaron, arrestaron y privaron ilegalmente de la libertad, llevando a cabo una suerte de cateo entre los archivos, cajones, expedientes”.
En abono a su denuncia, la CEDH emitió en septiembre del 2019 una recomendación dirigida a Nava Palacios por violación de derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal en agravio de Teresa Carrizales; el entonces alcalde en funciones la aceptó en su totalidad el 20 de septiembre del 2019, pero no la cumplió.
La abogada quedó inscrita en el Registro Estatal de Víctimas; luego en marzo de este 2020 para tratar de dar cumplimiento a la recomendación se realizó una reunión en Palacio de Gobierno y en la que se acordó que Teresa Carrizales regresaría a su oficialía del registro civil como parte de la reparación del daño sufrido, lo cual no ha sucedido, demostrando el abuso de autoridad de las instancias municipales.
En la Unidad Administrativa Municipal se realizó la “disculpa pública institucional” hacia Teresa Carrizales por parte del secretario general del ayuntamiento Sebastián Pérez García; además el personal municipal recibió recursos de derechos humanos para evitar que se repitan este tipo de actos violentos en contra de las mujeres.
