Con la renta de otras 500 patrullas fantasma, Xavier Nava y Alfredo Lujambio planean endeudar al Ayuntamiento de San Luis Potosí para, con ello, pagar otro de los tantos favores pendientes del alcalde con licencia que ahora busca la reelección.
Fuentes internas del Ayuntamiento confirman que, por órdenes de Xavier Nava, el alcalde interino ya prepara la documentación y el proceso para concretar el alquiler de otras 500 patrullas, supuestamente, con la intención de fortalecer las estrategias de seguridad que ellos mismos desatendieron y que, ahora, se ha convertido en un problema de dimensiones mayúsculas.
En septiembre de 2019, el propio Nava presumió la renta de 153 patrullas a través de la empresa Clear Leasing, Nissan Torres Corzo, transacción en la gastó más de 112 millones de pesos y que no representó un beneficio para los potosinos pues la mayoría de estas patrullas permanecieron estacionadas en el patio trasero de las comandancias, además de que, realmente, nunca se confirmó que el 100 por ciento de las unidades estuvieron a disposición del Ayuntamiento.
Ahora, el futuro fraude contempla la renta de 500 patrullas, mismas que, advierten, serían rentadas a la misma empresa; Clear Leasing, Nissan Torres Corzo. El alquiler, según explican, sería por otros tres años e implicaría la inversión de 400 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que a la actual administración ya sólo le quedan unos meses de vida y no debería comprometer las finanzas del Ayuntamiento.
La supuesta renta no presenta justificación en ningún sentido y, de acuerdo con diversas fuentes, la única intención es cubrir compromisos pendientes de Nava pues en la corporación de Seguridad Pública Municipal se tienen cerca de 350 elementos activos, la mayoría de ellos adscritos como vigilancia o seguridad en la Unidad Administrativa Municipal, en el DIF, en el Rastro y otras instancias por lo que, al final, los oficiales de calle no son más de 150, es decir, al final habría cuatro patrullas por policía.
Nava y Lujambio ya saborean el negociote que, realmente, no representa un beneficio para los potosinos pues, ahora, se corre el riesgo de que, de nueva cuenta, los vehículos queden guardados o que ni siquiera existan.
