Beneficiaria de la liberación anticipada, María Luisa Villanueva Márquez fue sacada del penal de Atlacholoaya en contra de su voluntad.
Con una libertad obligada fue como se resolvió el caso de la mujer que pasó 25 años en prisión acusada del delito de secuestro, el cual aseguró nunca cometió y le fue imputado bajo acciones de corrupción por parte de las autoridades.
Por ello, se negaba a abandonar el reclusorio bajo el estatus de culpable.
Este 02 de febrero, María Luisa tuvo que ser cargada por dos custodias para que abandonara el Centro Femenil de Reinserción Social ubicado en el municipio de Xochitepec, en Morelos.
Esto luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, a través de su titular el magistrado Gamboa Olea, determinó otorgarle su excarcelación inmediata tras revisar su expediente y la observancia de buena conducta.
“El lunes 30 de enero el presidente del TSJ, Jorge Luis Gamboa se presentó en el penal a decirme (…) que si yo no lo quería aceptar era por capricho o porque estaba ya enamorada del penal por estar tantos años ahí. Entonces yo hablé con él y le dejé clara mi postura, que no era porque no tuviera dónde ir o porque estuviera enamorada del lugar, sino que me negaba tajantemente a los beneficios”, comentó Villanueva ya desde su libertad.
De acuerdo con la propia mujer, su actitud se debía a que buscaba ser declarada como inocente y que el estado reconociera su encarcelamiento por más de dos décadas como injusto, así como su pretensión de no abandonar Atlacholoaya bajo el estigma de delincuente.
En su lucha, María Luisa sostiene que después de haberle construido pruebas en contra, por el que se le condenó a 30 años de prisión en enero de 1999, fue víctima de tortura por parte de autoridades.
“Me negaba a aceptar un beneficio porque me parecía indignó que después de haber sido torturada por cuatro días después que me fabricaron un delito y tras estar 25 años en la cárcel, haber dejados dos niños y perder todo.
No se trataba de capricho, era dignidad
“Le dije que me negaba y que por lo tanto le agradecía el tiempo que se había tomado y que me parecía muy extraño que un presidente del Tribunal, cosa que nunca se había visto, fuera a ver una interna para proponerle un beneficio”, añadió.
Aunque la hoy exreclusa ha asegurado que su lucha continuará desde fuera de los barrotes, el TSJ apuntaló que en la causa penal se han agotado todos los recursos legales.
El organismo detalló que tras la sentencia acusatoria en 1999, la Tercera Sala del TSJ resolvió dos años después una apelación con no sólo la ratificación del crimen, sino que agregó el pago por reparación de daños (en la primera sentencia había sido absuelta de esta medida).
María Luisa, de 48 años de edad y oriunda de Coyuca de Benítez, Guerrero, ha informado que junto a sus abogados Eutiquio Damián Santiago y María Elena Medina presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras el cúmulo de hechos con los que se resolvió su caso. Agregó que buscarán consumir todos los recursos disponibles, incluso llegar al presidente López Obrador.
“El Tribunal del estado violenta los derechos humanos de María Luisa al impedir que ejerza libremente su voluntad. El día jueves fue literalmente lanzada a la calle (por seis custodios) mediante un acto patético de fuerza y brutalidad, violentando su libre determinación y sus convicciones”, afirmó la defensora.
