México se mantiene entre los países con mayor incidencia de matrimonio infantil, al ocupar el segundo lugar en América Latina y el décimo a nivel mundial en número absoluto de adolescentes mujeres casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, según datos de organismos internacionales como UNICEF, Girls Not Brides y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Ante este panorama, las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reiteraron su rechazo a cualquier forma de matrimonio infantil o unión forzada, al señalar que se trata de una violación grave a los derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. El organismo subrayó que ninguna unión antes de los 18 años es aceptable y que deben prevalecer principios como el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia.
SIPINNA advirtió que el matrimonio infantil tiene consecuencias directas en el desarrollo de niñas y adolescentes, entre ellas el abandono escolar, el embarazo adolescente, la exposición a distintas formas de violencia y la limitación del desarrollo pleno. En ese sentido, enfatizó que los derechos de niñas, niños y adolescentes son universales e irrenunciables, por lo que ninguna costumbre o contexto cultural puede colocarse por encima de estas garantías.
Aunque en 2020 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio en las 32 entidades del país, la prohibición legal no erradicó estas prácticas. De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) del INEGI, durante 2024 se registraron siete matrimonios en los que al menos una persona contrayente era menor de edad, principalmente en entidades como Michoacán, Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.
Especialistas advierten que las niñas son las más afectadas por estas uniones tempranas. La doctora Alma Patricia Piñones Vázquez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, señaló que factores como la pobreza, las normas sociales, las tradiciones culturales y la desigualdad de género colocan a las niñas en una situación de mayor vulnerabilidad, con impactos negativos en su salud, educación y bienestar emocional.
En meses recientes, el tema volvió a encender alertas a nivel nacional. En mayo, representantes de UNICEF y UNFPA advirtieron sobre la persistencia de uniones forzadas, mientras que en agosto el gobierno federal presentó la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, que se implementará en 50 municipios de 21 estados. Uno de los casos más recientes ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña de 13 años dio a luz en enero de 2026, hecho que es investigado como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado.
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