Ante el eventual endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, que provocaría un impacto directo en México, el Dr. Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señaló que es crucial que el gobierno mexicano implemente una estrategia integral con perspectiva de derechos humanos para apoyar a la población en movilidad.
El también investigador y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la institución, recordó que aunque las decisiones estadounidenses son externas, su repercusión es inevitable en territorio nacional, lo que plantea retos urgentes tanto para el gobierno federal como para las autoridades locales.
Enfatizó que el gobierno mexicano debe promover la inclusión sociolaboral y buscar alternativas de regularización para esta población. Ello implica crear condiciones para que puedan integrarse al sistema laboral y tener acceso a derechos básicos, sin importar su estatus. La tarea no es sencilla, ya que muchas personas en situación de movilidad buscan llegar a Estados Unidos y evitan el contacto con autoridades mexicanas por temor a detenciones o deportaciones.
Según Luévano Bustamante, el gobierno debería impulsar políticas que les permitan tener acceso a servicios de salud, educación y empleo sin que su estatus migratorio sea un impedimento. “Es un reto enorme porque estas poblaciones no siempre buscan establecerse en México, pero deben contar con los derechos necesarios para una vida digna mientras estén aquí”, señaló.
Si bien la política migratoria en México es competencia exclusiva del Ejecutivo Federal, el investigador subrayó que las autoridades locales y municipales también tienen un papel importante en la protección de los derechos de los migrantes. “Los gobiernos locales deben evitar su re-victimización mediante detenciones arbitrarias y además, asegurarse de que no se les nieguen servicios básicos debido a su estatus”, indicó.
Asimismo, instó a los gobiernos locales a colaborar en la provisión de servicios de salud, educación y empleo para dicha población. Esta cooperación es clave para evitar que el estatus migratorio sea usado como pretexto para la negación de derechos fundamentales.
Finalmente, el doctor en Ciencias Sociales Guillermo Luévano, reiteró que la perspectiva de derechos humanos debería guiar toda política migratoria en México. Afirmó que “una persona en situación migratoria irregular no es un delincuente y debe tener sus derechos básicos asegurados”. En este contexto, es necesario que el gobierno federal y las autoridades locales trabajen conjuntamente para garantizar que en México, independientemente de su estatus legal, las personas en tránsito reciban un trato digno y respetuoso.
