Después de dos semanas de bloqueo en la cuadra donde se ubican las oficinas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, vecinos recurrieron a instancias legales para que desalojen a Marichuy Almendárez Prieto, toda vez que además de plantarse y obstruir la vía pública, observa conductas abusivas y estridentes.
Los afectados presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en contra de la Dirección de la Policía Vial, autoridad responsable de hacer cumplir la libre circulación de personas y vehículos, por lo que consideran que Marichuy está en el supuesto de un delito, toda vez que se trata de una servidora pública, funcionaria de la SEDUVOP, quien vulnera el derecho al libre tránsito.
A esta queja de los vecinos de Rayón, 5 de Mayo, Morelos y Manuel Rivas, en la Zona Centro, se han sumado taxistas que ante el bloqueo deben retrasar sus servicios y por lo tanto les sale más caro a los usuarios el servicio.
Por otra parte, la organización Cambio por San Luis, aseguró, en rueda de prensa, que el plantón de la burócrata Marichuy Almendárez, comenzó el 14 de agosto, pese a que su asunto de supuesto abuso y acoso sexual lo lleva un abogado particular, no la Comisión de Víctimas, a quien la funcionaria exige recursos, por lo que se ignoran las razones de su solicitud monetaria.
Cambio por San Luis demanda la liberación de las oficinas de CEEAV porque hay al menos 2 mil afectados y sus familias, quienes exigen que se respeten sus derechos y a la burócrata le piden que no atropelle sus derechos, pues se dice víctima, pero ahora es victimaria de todas las personas que durante 15 días no han podido tomar sus medicamentos ni terapias psicológicas, y tampoco han podido dar seguimiento a sus denuncias.
Reprocharon al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento capitalino su indolencia ante esta acción que afecta a tantas personas, máxime cuando se trata de un asunto de dinero pues, aseguran, María de Jesús Almendárez Prieto quiere 2 millones de pesos por concepto de reparación del daño del llamado Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral.
Marichuy Almendárez Prieto mantiene, desde hace años, un litigio en contra de su ex amigo y compañero de trabajo Martín Gatica, a quien acusó de acoso sexual. Es empleada de Gobierno categoría 13, la última sindicalizable, su sueldo es de aproximadamente 37 mil pesos mensuales libres de polvo y paja, más seguro médico de gastos mayores, bonos, incentivos y otras prestaciones. Actualmente está asignada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en el tiempo del conflicto ha ganado en instancias legales, siempre con abogado particular, y ha pasado por diversas dependencias como el IMES, Cultura y también por el SITTGE, y en todos lados ha tenido conflictos “porque no me dejo”, justifica.
Paralelo al proceso contra Gatica, Almendárez Prieto ha sostenido negociaciones buscando una reparación económica al daño que le propició su compañero burócrata, supuesta razón del bloqueo a la CEEAV. Entre otros beneficios, obtuvo la basificación de su hijo, empleado del Instituto para la Atención de Pueblos Indígenas, donde, en tan sólo cinco años, ya le dieron nivel salarial 12.
Con lo que pueden, personal especializado del CEEAV atienden en instalaciones que les prestaron provisionalmente en la Fiscalía General.
