Manifestaciones con reclamos al gobernador, Juan Manuel Carreras desquician la capital potosina y con ello la actividad económica industrial y comercial de la ciudad con efectos devastadores para la clase trabajadora, empresas, instancias de gobierno y servicios de emergencia.
Policías ministeriales y ministeriales (antes conocidos como ministerios públicos) mantiene un bloqueo en la carretera central 57, San Luis Potosí-México lo que colapsó la vialidad afectando a miles de usuarios de la vía; incluyendo trabajadores de la zona industrial , transportistas , servicios de pasajeros, servicios de salud y trabajadores de la zona comerciales que incluye Central de Abastos .
Los trabajadores de la Fiscalía General del Estado demandan el pago de un incremento salariarla retroactivo a marzo, así como, la cobertura de seguros médicos y de vida que el gobierno dejó de pagar hace meses. De acuerdo con los inconformes, el gobernador Carrera ofreció una mesa de diálogo a la dirigente Adriana Moya, pero esta insistió en que primero dispersen el aumento salarial y después dialoguen pues en los últimos tres meses todo han sido promesas.
El gobernador, Carreras a tres días de dejar el cargo, quiso tener un puente entre los quejosos y la administración entrante, pero la fiscal rechazó la oferta toda vez es el gobierno que concluye el responsable de cumplir sus demandas.
Por su parte, taxistas bloquean la avenida Universidad en demanda de que el gobierno Carrerista saque de circulación los servicios de transporte vía aplicación como Uber e Indriver, al tiempo que exigen que se hagan los públicos los nombres de los beneficiarios de más de casi dos mil nuevas concesiones suya convocatoria fue emitida por la SCT durante el proceso electoral.
Por otra parte, en la carretera 80, SLP-Villa de Arriaga, un grupo de ejidatarios reclamó pago de tierras a la empresa Coconal, a la que el gobernador regaló de la mano de la LXII legislatura la ampliación de la concepción para explotar la vía en los próximos 20 años. Los afectados aseguran que ni Coconal ni el gobierno les han pagado por sus tierras, mientras que la empresa y el ejecutivo cobran peaje por el uso de la carretera
El gobernador, Juan Manuel Carreras fue visto esta mañana en un restaurante de comida huasteca en un despreocupado desayuno con militantes del PRI encabezada por la ex diputada Martha Orta, actual candidata a dirigir ese instituto político, mientras que al mandatario los problemas se le desbordan
Mientras eso ocurre, miles de trabajadores no pudieron llegar a su trabajo, transportistas no entregaron mercancía, comerciantes de Abastos no cumplieron pedidos y no hay rastro de que el Gobierno del Estado atienda esta crisis en el ocaso de su administración.
La Fiscalía se deslinda de los manifestantes
El Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, explicó que los bloqueos realizados por algunos Ministerios Públicos y Policías de Investigación obedecen a recursos que fueron gestionados ante Gobierno del Estado, ya que la institución de procuración de justicia no está en posibilidad de realizar el aumento que los trabajadores exigen, situación que les fue informada desde el inicio.
“Ellos efectivamente han estado llevando a cabo reuniones desde el mes de abril, mismas que se han estado llevando preponderantemente con Gobierno del Estado; nosotros desde el principio y ha sido el señalamiento recurrente de nuestra parte, desde finales del año pasado, que la Fiscalía no tiene los recursos suficientes como para pagar esta prestación o las prestaciones que están solicitando», señaló.
Sobre la entrega del recurso en su totalidad, se explicó que tendría que hacerse en dos exhibiciones para no violentar la ley, pero este, estaría etiquetado para ser destinado a las y los trabajadores.
“Lo que les hemos dicho, es que en el momento en que Gobierno entregue esa cantidad de dinero a la Fiscalía, nosotros inmediatamente la dispersamos conforme lo marca la ley de disciplina financiera», indicó.
El titular explicó que sería muy irresponsable comprometerse a entregar un recurso con el que la institución de procuración de justicia no cuenta, razón por la que se mantiene la comunicación con las autoridades correspondientes; ya que este no fue un compromiso hecho directamente con la institución.
“Nosotros hemos estado muy en contacto con las autoridades estatales, de hecho, la contadora Norma García, directora de asminitracion de la Fiscalía, ha estado en contacto, tanto con personal de Finanzas tratando de ver la viabilidad de que entreguen esa cantidad para poderla dispersar, pero nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia comprometer un recurso que no tenemos y que por eso nosotros siempre le hemos hablado a las y los trabajadores con la verdad”, mencionó.
Federico Garza Herrera, solicitó a las partes involucradas no afectar a la ciudadanía, y entender que se están trastocando los derechos de terceros; además de hacer un llamado a la suma de voluntades para resolver el conflicto.
“ A las personas inconformes les diría que entraran en cordura, vean que las acciones que están realizando atentan contra ciudadanos que nada tienen que ver, con el incumplimiento de una voluntad, esto está trastocando los derechos de personas que van rumbo a zona industrial a prestar sus servicios y que viven el día a día a través de la remuneración que les dan y a la autoridad de Gobierno estatal que cumpla con su palabra y si no, que se hable con los trabajadores con la verdad”, concluyó.
