A más de nueve años de los terribles hechos que sacudieron a México y el mundo con el caso de Ayotzinapa, parece que el proceso para que los familiares vean la justicia tomará un tiempo más en llegar.
Durante este miércoles 23 de agosto se puso en libertad al general Rafael Hernández, uno de los 16 oficiales que intervinieron en el caso de Ayotzinapa y a quienes los reflectores apuntan con mucho fuerza, sin embargo los reflectores no fueron suficientes y el día de hoy inició su proceso de libertad.
El general promovió un juicio de amparo poco después de su detención, para que se suspende la prisión preventiva en su contra. El 7 de agosto, el juez de amparo accedió y pidió a su colega encargado del proceso contra Hernández que revisará la situación. Este último solicitó una evaluación del riesgo de fuga del general el 18 de agosto, evaluación que la Guardia Nacional entregó al día siguiente, después de una entrevista con el mando militar. Todo en algo más de un mes.
A lo largo del último año, una de las exigencias de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, de sus abogados, y de la mayoría de los grupos de investigadores que siguen el proceso, era que los militares implicados enfrentarán el peso de la justicia. De los 16 señalados, las dos figuras más importantes son dos generales, el propio Hernández, y José Rodríguez, responsable del otro batallón que funcionaba en Iguala, en septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque.
La unidad especial de la FGR para el caso, la UEILCA, sigue señalando su cercanía con el grupo criminal Guerreros Unidos, núcleo de la red criminal de Iguala en la época. La decisión manda, sin embargo, un mensaje un tanto extraño a las familias de los 43, sus abogados y la misma sociedad.
Hace un mes, uno de los equipos de investigadores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), anunció su retiro definitivo del caso, criticando con dureza los sabotajes y la falta de colaboración del Ejército con las pesquisas. El GIEI señalaba que la Secretaría de la Defensa ha obviado peticiones reiteradas para entregar documentos concretos.
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